Estos lineamientos están dirigidos a empresas, organizaciones de la sociedad civil, personas jurídicas, agencias estatales y operadores del sistema de justicia, a fin de que "cuenten con herramientas de interpretación que permitan ajustar su estructura y sus procesos a efectos de prevenir, detectar y remediar hechos de corrupción".

Para la elaboración del documento se tomaron como referencia guías elaboradas por agencias especializadas del sector público de otros países, tales como las de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil, entre otros. Además, se realizó un proceso de consulta pública a instituciones representantes del sector privado y expertos.

Su principal objetivo es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la Administración Pública por medio de la implementación de programas de integridad.

Con penas que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas con el Estado Nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública, esta Ley establece que se podrá realizar una investigación por los delitos de cohecho (pago de coimas), tráfico de influencias nacional o transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.

Los Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas se encuentran en el Boletín Oficial