La trata de personas es una de las violaciones más graves cometidas a los Derechos Humanos (DDHH), representando una de las formas más extremas de violencia que moviliza grandes dimensiones de capitales de manera ilícita. Desde la UIF consideramos fundamental avanzar en acciones concretas dirigidas a la erradicación de este delito y, en particular, en materia de prevención de lavado de activos.

El tráfico de personas es un delito transnacional que consiste en la captación, el traslado y/o la acogida de personas con fines de explotación, cualquiera sean éstos, dentro del territorio nacional o hacia el exterior. Según datos de las Naciones Unidas, existen más de 2,5 millones de víctimas de trata alrededor del mundo, de las cuales el 70% son mujeres y niñas. Las personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad social se encuentran más expuestas al riesgo de explotación y trata de personas, ya que no gozan plenamente de sus derechos básicos.

A partir de lo establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas se encuentra en el tercer lugar entre los negocios delictivos más rentables, luego del tráfico de armas y el narcotráfico. Genera aproximadamente –según la última estimación efectuada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- más de US$150 mil millones al año.

En los últimos años, el tráfico de personas ha sido percibido como un delito financiero y un problema de cumplimiento normativo. El GAFI publicó -en agosto de 2018- un informe que revela señales de alarma transaccional que parecen ser indicadores de este ilícito. Iniciativas innovadoras a nivel nacional y regional han demostrado cómo las medidas de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) pueden contribuir en la erradicación de este delito.

Una táctica implementada para morigerar dicho escenario ha sido la construcción de reglas y tipologías para sistemas de monitoreo de transacciones, capturando patrones específicos y conductas indicativas en operaciones de trata de trata de personas.

En tal sentido, para colaborar con dicho propósito, es fundamental desnaturalizar las relaciones de poder con el objeto de deslegitimar prácticas aún aceptadas o toleradas, que favorecen la dominación y el abuso de una persona sobre la otra. Las acciones para erradicar este delito requieren una política de Estado interdisciplinaria y multidimensional.

La Unidad de Información Financiera aborda este flagelo de manera coordinada en el marco del Plan Bienal 2020-2022 propuesto por el Gobierno Nacional, trabajando conjuntamente con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas a fin de implementar acciones efectivas para detectar las redes de trata, evitar su despliegue por el territorio nacional y decomisar los bienes provenientes de dicho delito, con el propósito de utilizar aquellos fondos para reparar a las víctimas de explotación.