Se presentará el miércoles en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el anteproyecto de Ley de Insolvencia Transfronteriza en el marco de la Reforma de la Legislación Concursal. Se trata de una herramienta que, de aprobarse, será muy útil para jueces puesto que alienta la cooperación internacional.

El encuentro está organizado por el Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado, de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal. Participarán de la jornada el Secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el director Nacional de Modernización Judicial, Javier Wajntraub; los miembros de la Comisión de Reforma de la Ley Concursal y jueces y abogados especialistas en la materia.

Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, destacó que “el proyecto tiene como objetivo establecer un régimen legal moderno para lidiar con los principales desafíos que plantea la insolvencia transfronteriza”. “La globalización lleva a que las empresas adquieran bienes en diferentes países, así como también tengan acreedores de diferentes nacionalidades”, explicó por su parte Wajntraub.

La insolvencia transfronteriza refiere, en general, a los distintos actores económicos, ya sean personas humanas o jurídicas, que adquieren bienes en más de un país y asumen deudas con acreedores que pueden requerirles su pago en países distintos.

Cuando alguno de esos actores económicos cae en estado de insolvencia, hay situaciones en las que los créditos contra el deudor no son exigibles en el país en el que se ha abierto el concurso; o casos en los que, respecto de un mismo deudor, o de un grupo de empresas vinculadas, tiene concursos abiertos en distintas jurisdicciones nacionales.

Coordinación y seguridad jurídica

Gabriel Vázquez, del equipo de Derecho Privado del Ministerio de Justicia, explicó que “en la realidad económica actual, de Argentina y el mundo, todo está interconectado”. “La realidad del insolvente que no solamente tiene presencia o actividad en un país se da con más frecuencia y, por eso, es necesaria una coordinación entre legislaciones y jurisdicciones concursales”, señaló.

Vázquez aclaró que aunque “la Ley de Concursos tiene algunas reglas que apuntan a resolver esta cuestión, pero han quedado fuera de tiempo; y el escenario es similar respecto de los muy pocos tratados internacionales que nuestro país tiene suscriptos y mantiene en vigencia en esta materia”.

“En definitiva: la Argentina tiene hoy en día una legislación que no está acorde a las nuevas circunstancias y no resuelve adecuadamente los problemas de insolvencia transfronteriza”, indicó Vázquez.

El anteproyecto representa una oportunidad para sumar una herramienta útil para los jueces en los casos en que los procesos de insolvencia produzcan efectos no sólo en nuestro país. Además, se incrementan las chances de los acreedores de cobrar sus créditos.

Otros beneficios que podrían sumarse en caso de que se apruebe el anteproyecto es que se beneficia en forma directa o indirecta a todos los actores económicos, porque permitirá una baja en los costos de financiamiento, ya que el sistema legal argentino brindará mayor seguridad jurídica.

Qué cambia

Este proyecto tiende a establecer un régimen legal moderno para lidiar con los principales desafíos que plantea la insolvencia transfronteriza. Sus objetivos son:

• Alentar la cooperación internacional en esta materia.
• Realzar la seguridad jurídica.
• Proteger los intereses de todos los afectados por las insolvencias con efectos internacionales.
• Proteger los bienes del deudor para procurar la optimización de su valor.
• Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, para proteger el capital invertido y preservar el empleo.

El anteproyecto se adapta a las necesidades locales y a las particularidades del derecho argentino y tiene en cuenta la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza elaborada por la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional.

A la fecha, 45 países de diversas regiones y pertenecientes a diferentes sistemas jurídicos han aprobado legislación basada en igual modelo.

En América Latina, un régimen así está en vigor en México (2000), Colombia (2006), Chile (2014), Republica Dominicana (2016) y Panamá (2017), y existen iniciativas que están siendo actualmente impulsadas para adoptar normas similares en Brasil, El Salvador y Paraguay.