El informe “Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social” se realizó en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre 5722 hogares encuestados. El equipo de investigadores de esta institución tomó en cuenta los indicadores y la muestra de su estudio “Enfoque de pobreza multidimensional basado en derechos”, para cruzarlo con un nuevo indicador en materia de acceso igualitario a derechos elaborado por el Ministerio de Justicia.
Los números preliminares muestran que el “53,6 por ciento de las personas que tuvieron conflictos difíciles de resolver, no hizo la denuncia correspondiente”. En tanto, del informe se desprende que un 20 por ciento de los encuestados, o sus familiares, enfrentaron en los últimos dos años problemas difíciles de resolver, y que podrían derivar en problemas legales.

El informe indagó a los ciudadanos sobre las necesidades jurídicas, la asistencia y los recursos para solucionarlos así como se profundizó en posibles situaciones de violencia de género y cuestiones de inseguridad.

En tanto, según los números mostrados, casi el 70 por ciento de ese porcentaje buscó ayuda o acudió a una institución, el 22 por ciento no hizo nada y casi un 8 por ciento intentó resolverlo por su cuenta. Luego de recibir la ayuda buscada, el 62 por ciento se declaró insatisfecho con los resultados obtenidos en relación con el conflicto, entre otras estadísticas.

El resultado es el primer documento de esta naturaleza realizado a nivel global, al querer determinar aspectos fundamentales de la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El objetivo es “promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.

La presentación del informe estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien aseguró “los esfuerzos del Estado deben ser más efectivos para resolver las necesidades jurídicas insatisfechas que muestra este estudio tan valioso”. “Es una radiografía de cómo el Estado en sus diferentes formas brinda asistencia”, afirmó Garavano y planteó “que el Estado debe realizar más esfuerzos y nuevas formas de abordaje con procesos más ágiles para resolver los problemas estructurales de la gente”.

La secretaria de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, abrió el encuentro con una estadística a nivel mundial que marca que hay 1500 millones de personas que tienen problemas de acceso a Justicia en todo el planeta. Y explicando que realizaron la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas en 2016, y en 2019 el ministerio trabajó con el Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA porque “la riqueza era relevar los problemas a los cuáles no se encontraron soluciones para pensar políticas públicas en ese sentido”.

“El primer paso en el acceso a la Justicia de la ciudadanía es darle un documento de identidad a quien no lo tiene y a partir de allí todos los servicios jurídicos del Estado”, agregó Rodríguez al destacar la labor del trabajo conjunto con el observatorio privado presidido por el director de Investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia.

En este sentido, el investigador del CONICET detalló que “nosotros estudiamos el déficit de desarrollo humano para hacer visibles las injusticias de las personas que no tienen garantizados sus derechos” y por “este motivo visibilizamos las deudas, no los logros”.
“La ambición de la ciencia con este estudio es poner el conocimiento científico en temas de debate público como forma de tomar conciencia y generar debate ya que no es igualitario el acceso a la justicia y tenemos problemas estructurales”, agregó al detallar las desigualdades económicas de los hogares visitados por los encuestadores.

Entre otros asistentes estuvieron presentes la subsecretaria de Acceso a la Justicia bonaerense, Rosario Sanchez; el procurador porteño, Gabriel Astarloa; el director de Acceso a la Justicia, Gustavo Maurino, Enrique Zuleta Puceiro; el doctor en Sociología de la UCA, Enrique Amadasi y la coordinadora de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Nora Luzi.