La Comisión Redactora del anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el texto elaborado que recogió aportes de la sociedad civil. El trabajo fue realizado a través de Justicia 2020 y contó también con aportes de actores de todo el sistema de justicia.

¿Por qué es importante este Código? Porque es el que se aplica en todos los juicios civiles y comerciales de la ciudad de Buenos Aires y de la justicia federal. Es decir, es la justicia del ciudadano común: juicios por accidentes de tránsito, desalojos, daños y perjuicios, mala praxis, cobros de facturas, y muchas otras situaciones. Este Código Procesal va a permitir que los juicios sencillos se tramiten más rápido y que los juicios más complejos se tramiten oralmente.

El nuevo texto normativo busca varios objetivos. Los principales son: instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento; simplificar estructuras procesales, distinguiendo las que requieren inmediación de las que admiten procesos escriturarios; instalar el expediente electrónico y el uso de tecnología en la justicia; y procurar la finalización del proceso en el menor tiempo posible.

“Es la culminación de un largo camino”, sintetizó el coordinador de Justicia 2020 Héctor Chayer. Luego entregó en mano a Garavano la primera copia del anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial. “Este Código parte de un proceso que incluye muchas iniciativas”, dijo Chayer.

El ministro Garavano agradeció a los integrantes de la comisión. “En Argentina solemos tener dificultades para trabajar en equipo, y poder hacer un trabajo colectivo es algo muy importante para el país”, reconoció. “Estoy convencido de la necesidad de esta reforma”, dijo y explicó que el Código “se va a aplicar en todo el país”.

Garavano además instó a todos los que participaron del proceso de elaboración del anteproyecto a “abrir la discusión en ámbitos académicos y universidades nacionales, así como, con los miembros del Congreso” para poder darle visibilidad a la iniciativa. “Estas experiencias le cambian la vida a la gente, que no puede creer verle la cara al juez, al igual que el abogado”, sentenció el ministro.

La palabra de la Comisión

Integrada por jueces, abogados y académicos la comisión trabajó por casi tres años en la elaboración del anteproyecto. Varios integrantes dieron sus impresiones del trabajo realizado.

Santiago Pereira Campos es miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y actuó como facilitador del trabajo de la Comisión. Explicó que en una primera etapa se elaboraron las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial y en la segunda se redactó el texto del anteproyecto del Código.

Para ello la Comisión se dividió en tres equipos, uno encargado de la redacción, otro de la revisión y un equipo plenario. “Este Código considera los códigos latinoamericanos y europeos”, explicó Pereira Campos. Y destacó que “coloca al usuario en el centro de la política pública, y además incorpora la tecnología”.

Otro integrante, el académico Mario Kaminker, destacó la intención del Ministerio de Justicia de “salir al terreno” y “llevar adelante” esta reforma. “El propósito fundamental es la reforma, el cambio procesal”, dijo.

“Nos permite poner en funcionamiento principios que la sociedad reclama”, dijo por su parte la jueza de la Cámara Nacional Civil, Patricia Bermejo. Para la magistrada también resulta importante como se integró en el anteproyecto “el lenguaje claro en diversas cuestiones para que las personas puedan entender”.

En la misma línea la jueza de la Cámara Nacional Comercial, María Lilia Gómez Alonso, expresó: “Pensamos en un Código ideal que tenga al ser humano como centro de atención y que se incorpore un proceso digital”. Para ejemplificar, recordó que solo con la incorporación de la notificación electrónica se reducen un tercio los tiempos procesales. “Un juez enfrenta a los justiciables y toma una decisión mirando a los ojos”, explicó sobre las ventajas de la oralidad.

Eduardo Oteiza, ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal por su parte destacó el “significado institucional de la presentación del nuevo código” y que “en sí mismo tiene una dimensión trascendente a nivel cultural” y “va en línea con la justicia cercana a la gente”.

Qué propone el anteproyecto

El trabajo de la comisión tuvo una serie de objetivos en su desarrollo que marcan la naturaleza de la reforma que se pretende. Desde la redefinición del rol del juez con la incorporación de las audiencias: su participación es ineludible, así como obligación de la videograbación. Esto permite también tomar declaración a personas que no puedan trasladarse al juzgado por razones de distancia. Y se suma la obligación de decir la verdad para las partes durante el proceso.

El anteproyecto además considera clave la utilización de las nuevas tecnologías, de la mano del uso del expediente digital, eliminando el soporte escrito para las actas de audiencia y remplazándolo por medios audiovisuales. Eliminar el soporte escrito para las actas de audiencia y remplazarlo por medios audiovisuales es una herramienta clave de la transformación del sistema.

También la reforma pretende la reducción de costos y de la demora de los procesos, la simplificación de estructuras y actos procesales, la publicidad y transparencia y la gestión y la administración de la oficina judicial.

Se destacan tres estructuras fundamentales para los procesos judiciales: el proceso ordinario por audiencias, el proceso monitorio y el proceso simplificado de justicia inmediata, esto es, procesos rápidos para cuestiones sencillas, evitando largos juicios.