El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y Stella Maris Martínez, a cargo del Ministerio Público de la Defensa (MPD), rubricaron en la sede del Ministerio de Justicia un acta que establece un mecanismo para que las dependencias del Ministerio Público de la Defensa puedan tramitar de modo ágil y vía web los Informes de Antecedentes Penales que elabora el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Por otra parte, ambos organismos acordaron adoptar acciones que continúen agilizando el intercambio de información, el mejoramiento en los procedimientos de comunicaciones y el perfeccionamiento de las tareas de ambos ministerios, con el objetivo de garantizar el derecho a la justicia a todas y todos los ciudadanos, especialmente de aquellos sectores más vulnerables que no cuenten con los recursos necesarios para contratar un abogado o abogada.

El acuerdo se circunscribe en el marco del Convenio de Cooperación que ambas entidades firmaron en octubre de 2014 y se complementa también con el convenio firmado entre ambas instituciones en junio de este año, con motivo de celebrarse los 5 años de la sanción de la Ley Nacional de Víctimas. En dicha ocasión los dos titulares coincidieron en la necesidad de implementar acciones tendientes a promover, propiciar y fortalecer la cooperación, asistencia técnica y el trabajo en conjunto en materia de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.

En la reunión participaron también el secretario general de la Defensa, Javier Lancestremere, y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial de la Secretaria de Justicia de este Ministerio Público, Nicolás Soler, y se destacó la importancia del nuevo acuerdo firmado, toda vez que establece justamente cuales son los mecanismos de comunicación entre ambos organismos y porque es tan importante el acceso de las defensas a esta información, de los imputados e imputadas a los que defiende.

La implementación del acuerdo firmado permitirá hacer más ágil y eficiente el trabajo fundamental que es llevado a cabo por las Defensorías, las que cumplen un rol central en la administración de justicia nacional, y funcionan como garantes del debido proceso para todas las personas a las que asisten todos los días a través de sus distintos organismos y programas y que desarrollan una tarea tan importante para resguardar la igualdad ante la ley y que se respeten las garantías de todas las personas en los procesos judiciales que se llevan a cabo en todo el país.

En ese mismo sentido, Soria y Martinez dialogaron en torno al desarrollo y estado actual de situación de programas tan importantes para brindar asistencia a las víctimas como el PatrocinAR, que pone a disposición de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, abogados y abogadas de manera gratuita, a través de 21 provincias en todo el país, y que ha tenido un crecimiento exponencial en el último trimestre del año.

A este respecto se manifestó el Ministro recordando justamente el mencionado acuerdo: “el convenio que hoy firmamos busca acortar los tiempos para que todos los ciudadanos puedan acceder sin demoras innecesarias. El trabajo conjunto que llevamos adelante con el Ministerio Público de la Defensa tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares sin importar en que provincia habiten. Es ese mismo objetivo el que nos llevó a firmar el junio pasado el acuerdo que permitió avanzar en la plena implementación de la ley de víctimas, cumpliendo el derecho al patrocinio jurídico gratuito cada una de ellas tiene por Ley y fortaleciendo la coordinación del Estado a la hora de asistir integralmente a las víctimas de delitos federales en todo el país”

De igual la Defensora General de la Nación y el Ministro de Justicia analizaron el programa AyudAR -que constituye el primer mapa federal interactivo de recursos para víctimas- gracias al cual se otorga a víctimas y familiares la posibilidad de acceder a las distintas dependencias especializadas para la asistencia y apoyo a las víctimas del delito, posibilitando entre otras cosas que puedan disponer de tratamiento psicológico o asesoría legal gratuita, dentro de su provincia.

Finalmente, se analizó el desarrollo futuro de los distintos programas y como se seguirá plasmando esta cooperación conjunta, con la finalidad de alcanzar los objetivos mutuos de ambas carteras y seguir favoreciendo mediante el trabajo coordinado el acceso a la justicia de todos los habitantes del país, y el mayor de los respetos por las garantías constitucionales que los asisten.