El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto de Santiago del Estero, con el objeto de implementar dispositivos duales para garantizar el efectivo cumplimiento de medidas cautelares en el marco de procesos judiciales de violencia contra las mujeres. Con este convenio, ya son 20 provincias adheridas a este sistema.

Estos equipos de geolocalización se componen de dos unidades de rastreo y un transmisor de radiofrecuencia (tobillera). El sistema permite monitorear la ubicación del agresor y la víctima, así como fijar zonas de exclusión o peligro (domicilio, trabajo, colegio de los hijos, etc).En caso de que el agresor viole la orden judicial, el sistema emite alertas -tanto al agresor como al Centro de Monitoreo-, lo que permite mitigar los riesgos.

“Queremos garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Usar estos dispositivos duales les permite continuar con su vida cotidiana, dejando que el Estado vele por sus derechos”, señaló Florencia Schkolnik, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la nación. A través del uso de estos dispositivos se traslada la carga del alerta, de la víctima al Estado, lo que permite que la mujer pueda recuperar su vida cotidiana.

Además esta tecnología funciona como elemento de prueba en caso de que el agresor viole la orden de restricción judicial.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la firma de convenios de colaboración, también entregó dispositivos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Previamente al recibir los dispositivos, cada jurisdicción debe establecer un Centro de Monitoreo mediante el cual se realiza el seguimiento de los dispositivos y se aplican los protocolos correspondientes cuando se disparan las alarmas. Estos centros deben funcionar las 24 horas, los 365 días del año.

La cartera de justicia garantiza a las jurisdicciones, a través de la empresa prestadora del servicio, la capacitación necesaria para los operadores locales, así como el apoyo técnico-operativo necesario para el correcto funcionamiento de los dispositivos.