El Registro almacena y sistematiza los perfiles genéticos de los criminales sentenciados, cumpliendo con la confidencialidad y seguridad de la información estipulada por la Ley de Protección de Datos Personales, con el objeto de individualizar a las personas responsables de este tipo de crímenes.

El acuerdo institucional suscripto permitirá la transferencia de los perfiles y datos genéticos almacenados en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, para su entrecruzamiento con el Registro Nacional que funciona en la órbita de la cartera conducida por el ministro Soria. De esta manera, los datos aportados por la provincia se suman a los casi 600 perfiles genéticos con los cuales ya cuenta el RNDG.

Se trata de la cuarta provincia argentina que se incorpora al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual que articula el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que sirve para entrecruzar datos y perfiles, con el objetivo no solo de prevenir sino también de sancionar delitos como los abusos sexuales. En los últimos meses, se incorporó Salta (Ministerio Público), Entre Ríos (Superior Tribunal), Buenos Aires (Suprema Corte) y en el día de la fecha la provincia de Misiones.

Para el ministro Soria, este acuerdo con la provincia de Misiones significa "un avance muy importante para combatir este tipo de delitos aberrantes. Al mismo tiempo, expresa la decisión política de nuestro gobierno de revertir la desidia de la gestión anterior que solo se limitó, en el año 2017, a reglamentar la Ley 26.879, sancionada en 2013, sin trabajar para incorporar a las provincias argentinas ni entrecruzar perfiles y datos genéticos de agresores sexuales”.

Por su parte, la jueza del Superior Tribunal de Misiones, Venchiarutti Sartori, manifestó su orgullo por el entendimiento alcanzado con el Ministerio de Justicia y sostuvo que “es una herramienta fundamental para impedir la impunidad en este tipo de delitos y llegar a sentencias condenatorias con pruebas contundentes”.

Participaron de la firma del convenio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores (UGA), Gimena del Río; el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta; y el director nacional del Registro de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, José Antonio Pellegrino.

Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual

El RNDG fue creado por la Ley 26.879, promulgada el 23 de julio de 2013, con la exclusiva finalidad de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

En Argentina, las víctimas de este tipo aberrante de delitos son en su gran mayoría las mujeres, principalmente adolescentes y niñas. La prevención y sanción de este delito es un deber del Estado ya que los delitos contra la integridad física y sexual de una persona deja secuelas que afectan tanto su parte física como la parte emocional y social de las víctimas.

La cadena de trabajo para la prevención y resolución del delito consta de cuatros eslabones que deben articular de forma coordinada: se inicia con el profesional médico ginecológico que recibe y asiste a las víctimas; luego, el material obtenido es procesado en los laboratorios forenses para obtener el perfil genético que será incorporado y almacenado en la base de datos del RNDG; por último, los resultados son enviados a las autoridades judiciales encargadas de la investigación en curso.

Asimismo, a partir de septiembre de 2020, el RNDG trabaja con el Software GENis, diseñado para contrastar perfiles genéticos de muestras biológicas obtenidas en escenas de crimen, relacionando así eventos ocurridos en diferente tiempo y lugar.

El GENis es una software nacional, gratuito y de código abierto, utilizado desde el 2015 por poderes judiciales y ministerios públicos de 18 provincias argentinas, que fue desarrollado por un consorcio público y privado en el que se involucraron la Sociedad Argentina de Genética Forense, la Asociación Argentina de Bioinformática, el Consejo de Fiscales y Procuradores de la República Argentina, la Junta Federal de Cortes, el CONICET, la UBA y otras universidades nacionales.