Es el primer convenio de estas características que se firma con un ministerio provincial y constituye el punto de partida para nuevos acuerdos que permitirán continuar avanzando en la paulatina recuperación del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas. Entre los propósitos, además de capacitar a los actores institucionales intervinientes, se prevé llevar a cabo campañas de difusión de la temática y emprender cualquier otra acción coordinada que tenga por objeto la prevención, el resguardo, la protección y la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.

El convenio celebrado con la provincia de Buenos Aires es fundamental para la reconstrucción y el trabajo del Registro Nacional, en tanto allí, a causa de la densidad poblacional, es donde históricamente los índices de niños, niñas y adolescentes extraviados han superado a los del resto de las jurisdicciones.
En tal sentido, Soria expresó: “El trabajo que estamos llevando adelante con la Provincia de Buenos Aires es muy importante para poder recuperar mecanismos que el Estado ya tenía, pero que debido a la desidia y desarme que sufrió el Estado entre 2016 y 2019 todos los argentinos nos quedamos sin esas herramientas. Esta medida se suma al conjunto de acciones que venimos desarrollando desde la Subsecretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y tiene como único objetivo fortalecer fortalecer el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados para evitar delitos como la sustracción de menores, la venta y tráfico de niños”.

Creado en julio de 2003 a partir de la sanción de la Ley 25.746, el Registro Nacional releva e interviene en casos de todo el país. Quienes informan los casos al Registro de acuerdo a la ley son las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, el Registro impulsó, desde su creación y a través de convenios, la articulación con otras entidades, como municipios, registros provinciales y organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto dio como resultado que el Registro dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lograra relevar, hasta 2014, 35.285 casos.

Sin embargo, dicho trabajo de articulación fue abandonado a partir del año 2016, generando un grave deterioro del organismo, concluyendo en el hecho de que, en 2020, último año en que se trabajó con las herramientas que había dejado a disposición la administración anterior, el Registro solamente pudo tomar conocimiento de 453 casos. En consecuencia, el Estado Nacional perdió capacidad de respuesta ante casos de niños, niñas y adolescentes extraviados en todo el país.

Al respecto, el ministro Alak manifestó: "Este convenio es trascendental porque a partir de ahora vamos a empezar a recibir, sistematizar y cotejar toda la información vinculada a niños y adolescentes de los que se desconozca su paradero o sus datos identificatorios, con lo que se consolidarán los registros nuestros y de Nación. Por otro lado, vamos a intensificar las acciones en materia de capacitaciones, campañas de difusión y todo lo que ayude a reforzar lo que es prevención, resguardo y la protección de los derechos de los niños”.

En el mismo sentido, Malavolta expresó: “Este convenio es una demostración concreta sobre cómo tenemos que avanzar para lograr la recomposición del Registro, que cumple una misión fundamental para hallar a los niños, niñas y adolescentes extraviados en todo el país. Empezamos por la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado, y continuaremos avanzando en la articulación con otras provincias”.

La reconstrucción del área se inició a poco tiempo de asumir el gobierno de Alberto Fernández, traspasando el Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, más emparentada con el trabajo registral. Durante el primer semestre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya recibió información sobre 536 casos, más de lo que se registró a lo largo de todo 2020.

Durante la firma del convenio, llevada a cabo en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañaron a Soria y Alak el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta, y la soordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Luz Palmás Zaldua, ambos de la cartera nacional y Pablo Giurleo y Soledad Falco, respectivamente Director Provincial de Protección de Derechos Humanos y titular del Registro Provincial de Personas Menores de Edad Extraviadas, del Ministerio de Justicia provincial.