El Programa Justicia 2020 nació hace casi tres años para dar respuesta a la insatisfacción de la gente con el funcionamiento de la justicia y para promover la participación ciudadana. Desde su inicio en mayo de 2016, hasta hoy, se inscribieron más de 55 mil personas que participaron en 54 iniciativas divididas en siete ejes: Institucional, Penal, Civil, Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Justicia, y Gestión y Comunidad. Hubo un total de 259 reuniones presenciales a la que asistieron 6300 personas, y siete mil aportes online.

Los logros del J2020 se dieron a conocer en un gran acto que se desarrolló en el CCK. Participaron el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. También funcionarios, legisladores, gobernadores e integrantes del Poder Judicial.

El objetivo principal del Programa Justicia 2020 ha sido crear participativamente políticas públicas para el sistema judicial, que generen reformas estructurales sostenibles en el tiempo.

“La participación ciudadana es el espíritu de Justicia 2020. Nos enriquece como sociedad y eleva la calidad de nuestras políticas”, señaló Macri. Sus dichos se confirman con la realidad: este año ya hubo 109 reuniones y desde su creación más de 433 mil ingresos a Justicia 2020, un promedio de 144 mil por año, según informaron desde la coordinación del Programa J2020, a cargo de Héctor Chayer.

Entre los siete ejes de gestión de J2020 se destacan varios objetivos cumplidos, así como varios proyectos y desafíos para el 2019:

• En el plano institucional, hubo unas veinte leyes aprobadas. Como la Ley de Víctimas, Flagrancia, Imputado colaborador, aumentos en las penas para siniestros viales o de Arbitraje Comercial Internacional, sólo por citar algunas.

• Se designaron 211 jueces, fiscales y defensores para la justicia federal y nacional. El número es tres veces mayor que los realizados entre 2011 y 2015. Y hay otros 101 pliegos en el Senado.

• En los 90 Centros de Acceso a Justicia de todo el país se atendieron 360 mil consultas anuales (más de 700 mil desde el inicio de la gestión).

• Programa de apoyo a las justicias provinciales: se ayudó a diferentes distritos de todo el país para la ampliación de edificios, de cárceles, entrega de dispositivos electrónicos y capacitación de jueces, fiscales y defensores provinciales.

• Se creó el Hospital de Derechos, que incorporó el diseño de planes de acción adecuados a cada persona y la coordinación con distintos organismos del Estado nacional y porteño. También instala, por primera vez en el país, el servicio de “chequeo de salud legal” y el Laboratorio de Innovación en Acceso a Justicia.

• Centralidad de las víctimas en el proceso penal: unas 100 víctimas son atendidas por día en el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y en el resto de los programas de asistencia del Ministerio. Hubo 1.140 víctimas de trata rescatadas en allanamientos. Y la implementación de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos y la Ley de Patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género.

• Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la Abogacía: veinte facultades de Derecho incorporaron 35 programas de destrezas profesionales, con un alcance de más de 48 mil alumnos.

• Flagrancia: con la nueva normativa para delitos en flagrancia, tras su aprobación el 76 por ciento de los casos se pueden resolver en menos de 30 horas. Y el 41 por ciento con sentencia de prisión.

• La oralidad civil efectiva ya funciona en 12 jurisdicciones y la previsión en 2019 es alcanzar a 19 provincias. Hoy son más de 300 jueces los que aplican la oralidad civil, un tercio del total. La meta a diciembre 2019 es lograr que el 50% los jueces civiles (445 magistrados) la apliquen.

• Código Penal: el anteproyecto busca un cuerpo normativo moderno, sistematizado y proporcional. En 2018 hubo 70 reuniones y 340 aportes vía la web de J2020.

• Ley Responsabilidad Juvenil: amplias medidas socioeducativas, medios no tradicionales de resolución, seguimiento de casos. 331 aportes en J2020.

• Datos Abiertos: convenios con 53 instituciones del sistema de justicia. Ya hay 48 conjuntos de datos, entre ellos: Registro de femicidios, Sistema de datos de la Justicia argentina y DDJJ Patrimoniales.

• Mejora del sistema penitenciario: nuevo Complejo Penitenciario Federal en Mendoza, con capacidad para más de mil internos. Obras en cárceles federales de Mercedes y Coronda. Apoyo a cárceles provinciales de Campana, Lomas de Zamora y Corrientes. Por primera vez en la historia, la mayoría de los detenidos tiene condena firme (54,4%).

• Programas de readaptación social: 700 dispositivos electrónicos activados por la justicia federal y 1730 entregados a las justicias provinciales (2430 dispositivos en total). Esto representó una reducción del 90 por ciento en el costo de la manutención de los detenidos: una persona detenida con prisión preventiva cuesta lo mismo que 10 con monitoreo electrónico.

• Se entregaron en 15 provincias 600 tobilleras electrónicas para el apoyo de medidas de protección para víctimas de violencia de género.

• Trámites online: los Registros Automotores se otorgaron más de un millón de turnos online y hubo 250 mil informes online. La transferencia automotor es 100% digital, al igual que el Certificado de Reincidencia. La Inspección General de Justicia creó 5.069 Sociedades por Acciones Simplificadas, 6.254 Sociedades de Responsabilidad Limitada en 24 horas y 1.130 Sociedades Anónimas en 24 horas.

• Se implementó el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con el eje puesto en la causa Malvinas. En el Cementerio de Darwin ya se identificaron a 105 soldados argentinos. Se hizo un viaje histórico junto con 210 familiares de los héroes. Y el Proyecto Humanitario Malvinas es modelo de trabajo en el mundo.