Los detenidos tenían pedido de captura internacional con notificación Índice Rojo, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2023, a solicitud del Segundo Juzgado Federal Criminal de la Sección Judicial del Estado de Bahía, República de Brasil, por el delito de “Tráfico Internacional de Armas, Lavado de Dinero y Organización Criminal”.

Los hechos investigados por la justicia brasilera determinaron que el involucrado junto a su pareja formaban parte de una maniobra criminal que culminó con la internalización de armas de fuego en territorio brasileño. Ello fue materializado cumpliendo la función de presidente de una empresa dedicada al comercio de armas de fuego y su pareja como vice de dicha firma, formando parte de un esquema criminal articulado que se dedicaba al tráfico internacional de armas.

El armamento importado por la empresa era adquirido en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, llegando a Paraguay de forma legal. Producto de maniobras ilícitas, las ingresaban a Brasil. Los giros de dineros y pagos de fondos, eran enviados desde Paraguay a un cambista en Kansas, EE.UU., el cual desviaba los mismos hacia Europa con el fin de concretar los pagos por los cargamentos recibidos. La tramitación de la importación era llevada a cabo por la Dirección de Materiales Bélicos en Paraguay la cual también se vio afectada a la investigación ya que su máximo responsable habría pasado por alto algunos estándares de control, para facilitar tanto la entrada como la salida del país del armamento suministrado por dicha firma.

Desde 2012, la empresa importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero fueron desviadas hacia los grupos terroristas PCC y el Comando Vermhelo. Los lotes de armas los adquiría un tercero, quien era el que tenía contacto con los grupos en Brasil, el cual para justificar las supuestas transacciones hacían pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleados, jornaleros o estudiantes.

Además, para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos. Finalmente, antes de ser enviadas a Brasil, en Ciudad del Este se les borraban los números de serie a las armas, con el fin que no sea trazable la ubicación anterior del armamento.

Con estos datos, tras extensas tareas de inteligencia y fruto del fluido intercambio de información con Interpol Brasilia y en colaboración con agentes de la Unidad Operativa Federal (DUOF) de Córdoba, personal de Interpol Buenos Aires logró identificar a los prófugos en la ciudad de Córdoba. Allí se dirigieron los efectivos y luego de vigilancias encubiertas, lograron detenerlos.

Interviene el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes y la Secretaría Penal a cargo de la Dra. Josefina González.