Ingresó el proyecto de Código Penal al Senado
El Gobierno presentó hoy en el Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, que recibió de la Comisión el texto, afirmó: “Después de casi 100 años y de las 17 comisiones anteriores, este es el primer proyecto integral de reforma del Código Penal que un Poder Ejecutivo remite al Congreso desde 1921”.
El Código Penal, sancionado en 1921, fue modificado por más de 900 leyes sin tener en cuenta la sistematicidad de la totalidad de los institutos, de las reglas generales y de los delitos contemplados. También ha ido incorporando todas las leyes penales especiales. De esta manera, perdió su coherencia interna y la proporcionalidad que le son esenciales, y se apartó del criterio de codificación unificada en materia penal, circunstancia que en muchas oportunidades condujo a la incertidumbre respecto de qué está permitido o prohibido en nuestro país.
Por ello, en marzo de 2017, a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, se creó una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.
En la elaboración del proyecto, la Comisión tomó en consideración los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional del país, a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada.
En el mismo sentido, se adecuó la normativa penal nacional a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción.
El texto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación; incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica. Tiene perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos. También protege el ambiente y agrega los delitos genéticos y cibernéticos, entre otras destacadas reformas.
Asimismo, fija criterios claros para la determinación de la pena y achica el margen de discrecionalidad de los jueces, especialmente en los casos violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
La comisión fue presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky, acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. Participaron también los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
La Comisión trabajó ad honorem durante 500 días ininterrumpidos y mantuvo más de 100 reuniones en todo el país en las que deliberó, escuchó a expertos y tomó en cuenta el trabajo realizado por las 17 comisiones anteriores de reforma del Código Penal. También recibió y valoró la opinión de ONG y sugerencias de toda la sociedad a través de la plataforma Justicia 2020.
Este proyecto no es una respuesta aislada del Gobierno a temas como la inseguridad, la corrupción y el crimen organizado, sino parte de un plan integral que incluye al nuevo Código Procesal Penal, en vías de implementación, y otras leyes pendientes de aprobación como la Responsabilidad Penal Juvenil.