El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, expuso hoy frente a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta presidida por Pedro Guastavino, donde se expusieron los principales lineamientos del proyecto de reforma del Código Penal.

El Ministro estuvo acompañado por los miembros de la comisión redactora, a cargo del camarista Mariano Borinsky, y participaron los senadores Rodolfo Urtubey, Federico Pinedo, Carmen Crexell, María Cristina Fiore Viñales, Olga Brizuela y Doria, Marta Varela y Ángel Rozas.

“El presidente Macri eligió una comisión técnica plural y federal, con distintas miradas. Este es un Código Penal posible, basado en la vida real, que nos permitirá a los argentinos vivir en paz”, destacó Garavano, y agregó que los juristas trabajaron sobre tres proyectos anteriores y sobre las participaciones de más de 10 mil personas en Justicia 2020.

Garavano asimismo expresó que “El gobierno decidió enviar el proyecto de la Comisión sin introducir modificaciones y en el libro elevado al Senado se incluyeron todas las disidencias de los expertos participantes. Buscamos un debate amplio sobre una de las leyes más importantes para la vida en comunidad”.

El ministro afirmó que “la sociedad ha cambiado y a través del tiempo al Código actual se le fueron incorporando leyes penales especiales, de esta manera perdió su coherencia interna, y la proporcionalidad, se apartó del criterio de codificación unificada en materia penal, circunstancia que en muchas oportunidades condujo a la incertidumbre respecto de qué está permitido o prohibido en nuestro país”.

“El nuevo proyecto incluye un libro con parte general y especial sobre delitos de lesa humanidad, fomenta la intervención de la víctima, moderniza y actualiza la Justicia ante las modalidades delictivas y la complejidad de las organizaciones criminales internacionales, consolida el agravante de la violencia de género, avanza sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, regula el ambiente y el ciberdelito”, precisó Garavano.

Los expertos, a su vez, avanzaron en la regulación de delitos de peligro como en el caso de los siniestros viales donde se penará a quien exceda en más de 60 kilómetros la velocidad permitida o cuando el nivel de alcoholemia sea muy superior al permitido, la pornografía infantil y la tenencia de armas de fuego.

Borinsky por su parte destacó que “estamos en presencia de un cambio fundacional que va a dar previsibilidad y seguridad jurídica”, y sostuvo que se trata de “un código moderno que representa los valores actuales de la sociedad argentina, buscamos el cumplimiento efectivo de la ley penal y la igualdad de todas las personas”.

“La sanción de un nuevo Código Penal es fundamental para lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina. La efectiva y transparente aplicación de la ley penal contribuyen con la seguridad de la Nación y la inserción internacional del país” detalló el camarista.

La Comisión fue creada por un decreto del presidente Mauricio Macri y este es el primer proyecto integral de reforma que llega al Congreso Nacional desde 1921. El Código tiene casi 100 años, 320 artículos, fue reformado más de 900 veces y 18 comisiones anteriores trataron de avanzar en anteproyectos que le devolvieran su coherencia e integridad.

En la elaboración del Anteproyecto, los expertos tomaron en consideración los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional del país, a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada.

Asimismo adecuaron la normativa a la protección de los derechos humanos, la persecución del terrorismo y del narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, y a la eficaz lucha contra la corrupción.

Con el fin de asegurar la representación federal y pluralista de la sociedad, procurando la protección y promoción de los derechos humanos, la Comisión recibió y tuvo en cuenta la opinión de las Organizaciones No Gubernamentales, y de asociaciones que nuclean a las víctimas o familiares de víctimas de hechos delictivos, y especialistas en manipulación genética, ciberdelito, delitos económicos y en el arte, terrorismo y ambiente, entre otras materias vinculadas al derecho penal. También se sumó la voz de gobernadores, legisladores y autoridades; además de la de académicos internacionales.

Borinsky reafirmó que se avanzó en temas prácticos como la secuela de juicio que ahora interrumpirá la prescripción en caso de rebeldía, fuga o proceso de extradición; el seguimiento socio judicial por 10 años pos condena de reincidentes de delitos gravísimos; además se precisó el tiempo máximo de las condenas en cada caso, y se decidió un agravamiento general al tercio superior de la pena en todos los casos de violencia de género.

Asimismo el presidente de la Comisión explicó que en el texto plasmaron cuándo corresponde la libertad condicional y cuando no, incorporaron el concepto de día multa para que esta mantenga el valor económico en el tiempo, y se incluyeron penas como la domiciliaria y el cumplimiento de penas con pulsera electrónica. Por otra parte, se incluyó el cohecho transnacional, entre privados y en los tres poderes, incluso relacionado a titulares de obra sociales con obligación de realizar declaración jurada de bienes.

Junto a Garavano, Guastavino y Borinsky expusieron Carlos Mahiques, Carlos Gonzalez Guerra, Guillermo Yacobucci y Pablo Turano.

El titular de la cartera de Justicia estuvo acompañado por la secretaria de Justicia María Fernanda Rodriíguez, el jefe de Gabinete del Ministerio Martín Casares y el subsecretario de Justicia y Política Criminal Juan José Benitez. Además estuvieron presentes Isabel Yaconis y Viviam Perrone, entre otros familiares de víctimas.

Los integrantes trabajaron sobre la base de anteproyectos anteriores y procuraron mantener la estructura y la numeración de los artículos a la que están acostumbrados los operadores del sistema. Se tomó en cuenta la más moderna legislación internacional y se dio cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado, ponderando siempre el efecto que cualquier cambio puedan provocar en causas en trámite. Al agregarse las leyes especiales el anteproyecto cuenta con 540 artículos.

El cuerpo estuvo integrado además, por la camarista Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. También participaron de ella los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.