La Cámara de Diputados sancionó hoy el nuevo Código Procesal Penal Federal que introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014. Esta reforma está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado.

El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años. También instaura el sistema adversarial o acusatorio que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.

Se prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se mostró conforme con la sanción de la ley y sostuvo que aplicar este nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia y Política Criminal Juan José Benitez, señaló que el nuevo Código impulsa la gestión digital de los casos, la incorporación de tecnología y la investigación penal inteligente “fortaleciendo y modernizando las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad”.

El actual proyecto de reforma surgió de reuniones con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil, a partir de cuyo diálogo se concretó el diseño de una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.