El Gobierno derogó hoy el decreto 795/2019 que elevaba al rango de Agencia al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, al considerar que no existieron circunstancias excepcionales que justificaran un decreto de necesidad y urgencia.

“Cuando llegamos a la gestión, junto a la ministra Marcela Losardo, advertimos que el decreto firmado en noviembre por Mauricio Macri, no tenía ningún requisito ni de necesidad ni de urgencia. No había fundamentación técnica ni jurídica que ameritara la medida. La nueva configuración que había previsto el DNU afectaba la operatividad y la confidencialidad que tiene que tener este Programa", explicó Juan Martín Mena, secretario de Justicia, al tiempo que aclaró que se hará “una profunda auditoría y cualquier irregularidad será inmediatamente denunciada”.

La citada norma, publicada el 29 de noviembre pasado en el Boletín Oficial, impulsó modificaciones a la Ley n° 25.764 creando la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados como un ente dotado de autonomía funcional, y un Consejo Consultivo presidido por la Cámara Federal de Casación Penal.

Mediante el decreto 168/2020, el Gobierno restablece el diseño institucional del Programa, tal como fue creado por ley. Desde su creación en 2003, funcionó en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia.