Con el objeto de dar una respuesta jurisdiccional integrada a la violencia doméstica, sexual e institucional (en los casos de personas que viviendo en instituciones experimentan violencia por parte de las personas a cargo de su cuidado), la Subsecretaría de Acceso a la Justicia lanzó un anteproyecto para crear un Equipo Judicial Especializado.

En la elaboración de la iniciativa, que es parte del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, participó una comisión de expertas, juezas, fiscales, abogados y profesoras.

Durante casi dos años y a través de más de veinte reuniones desarrolladas con espíritu federal en distintos puntos del país, esa comisión se dedicó a analizar, debatir y determinar las atribuciones, características y competencias atinentes al Equipo Judicial Especializado.

A través de otros encuentros la primera versión de esa ley modelo fue sometida luego a discusión ante la sociedad civil, que dio lugar a una versión mejorada gracias a esos aportes.

Para las provincias la propuesta representa un anteproyecto que pueden adoptar ajustándolo al contexto procesal e institucional local. En ese sentido, legisladores de Tucumán presentaron un proyecto basado en el modelo confeccionado, en tanto que en Mendoza, Salta y Quilmes se realizan conversaciones acerca de la reforma.

Los rasgos principales de la reforma que propone la Ley Modelo abarcan cuestiones sustantivas, de diseño institucional y de gestión judicial como por ejemplo la competencia unificada: penal y civil del Equipo judicial para evitar la fragmentación del conflicto.

También la oralidad como modo de efectivizar la inmediación judicial, la concentración de los actos y la economía procesal que puede además contribuir a evitar la revictimización.

Asimismo, hay un pasaje del modelo de juzgado unipersonal a un modelo de tribunal pluripersonal: colegio de jueces con oficinas comunes que incluye áreas de recepción, de proceso y de ejecución, la última de las cuales es clave para resolver el grave y persistente problema del incumplimiento de las medidas de no acercamiento, entre otras. En lo posible además se sumarían en un mismo edificio fiscalías, defensorías y asesorías tutelares especializadas.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano consideró que “la iniciativa es una norma inédita que implica un cambio de paradigma muy profundo, porque rompe las estructuras tradicionales de la Justicia y ofrece respuestas integrales y adecuadas a las víctimas”.

El Ministro explicó que es un aporte sobre el que “las jurisdicciones deberán realizar ajustes de acuerdo a las estructuras y recursos que ya tienen, pero cuentan con el apoyo incondicional de la cartera de Justicia”.

El trabajo realizado incluyó una investigación previa sobre las barreras y problemas en las respuestas judiciales en violencia doméstica y un relevamiento acerca del funcionamiento y las buenas prácticas existentes.

Para ello se hicieron entrevistas con expertas, funcionarias de organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema. Por otro lado, se relevó el derecho comparado e iniciativas de juzgados especializados de otros países y de provincias argentinas.

Esta investigación, junto con la exposición de motivos de la ley modelo, la ley modelo, y material sobre propuesta edilicia y gestión judicial, forman parte de una publicación sobre el tema realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.