El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aportará a la Procuración General de la Nación 800 computadoras de escritorio para garantizar la efectiva implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que comenzará a instrumentarse a mediados de mayo.

El ministro Germán Garavano, y el procurador general interino, Eduardo Casal, firmaron hoy un acta complementaria al convenio que suscribieron en agosto del año pasado, donde acordaron la cooperación interinstitucional para asegurar la normal administración de justicia frente a las exigencias que traerá aparejada la puesta en marcha de la nueva norma.

“Mediante la gestión electrónica y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas, se lograrán procesos más rápidos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos. Por eso es tan importante asistir a la Procuración con equipamiento informático”, señaló Garavano, luego de haber realizado un relevamiento de las necesidades más urgentes e importantes.

En ese marco, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar asesoramiento, asistencia, capacitaciones, recursos informáticos, equipamiento e infraestructura edilicia.

Casal por su parte, afirmó que “Es muy importante para la Procuración contar con estos recursos tecnológicos para hacer frente a este nuevo desafío que significa la implementación del nuevo sistema penal acusatorio” y agregó: “Quisiera destacar, además, que desde hace un año venimos trabajando en forma conjunta para maximizar los recursos humanos y materiales de la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal”.

El nuevo Código propone pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, en el que los fiscales asumen un rol preponderante al conducir las investigaciones. Su implementación comenzará en Salta y Jujuy a mediados de mayo, para seguir luego con las jurisdicciones del sur y finalmente las del centro del país.

El Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura brindaron capacitaciones, tanto en litigación como en investigación, a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, mientras que la Defensoría General capacitó a defensores y secretarios letrados.

El ministerio aportó también el financiamiento para equipar los laboratorios científicos de las provincias.