Un convenio para garantizar el acceso a la justicia en seis barrios de asentamientos del conurbano bonaerense firmaron hoy la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, su par provincial, Gustavo Ferrari, y la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Milagros Maylin.

El acuerdo permite ejecutar acciones conjuntas para lograr un mayor acceso a la justicia de os habitantes de los barrios Itatí, de Quilmes; Porá, de Lanús; Carlos Gardel, de Morón; Costa Esperanza, de San Martín; Libertad, de Almirante Brown; y La Cava, de San Isidro.

Los funcionarios decidieron impulsar proyectos para concretar relevamientos sobre las necesidades jurídicas insatisfechas en esos lugares, instalar equipos territoriales provisorios para atender los requerimientos socio-legales de los vecinos, como así también la puesta en marcha de Centros de Integrales de Justicia (CIJ) que faciliten la presencia de organismos públicos relacionados con el acceso a la justicia.

"Estos centros son la puerta de acceso a todos los servicios del Estado", explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Y agregó: "En estas oficinas los vecinos podrán hacer trámites de reincidencia, acceder a la tarifa social, a programas sociales, tramitar documentación personal o iniciar mediaciones comunitarias".

El titular de la cartera señaló asimismo que "además, con un abogado, un psicólogo y un trabajador social, se colaborará en casos de violencia de género o doméstica, conflictos laborales, denuncias penales, consultas por PAMI o ANSES".

"Trabajamos día a día para estar más cerca de los vecinos que menos tienen y así garantizar la igualdad de oportunidades", subrayó Garavano.

Por su parte el ministro Ferrari sostuvo que el convenio "va en sintonía con uno de los ejes de nuestro gobierno y el Gobierno Nacional, que es el de consolidar el Estado de Derecho y atender a los principios constitucionales para que el sistema de justicia de respuesta a las crecientes demandas de la población".

En esa línea el funcionario bonaerense destacó que "este es un paso más en busca de suprimir las barreras que restringen el ejercicio pleno de derechos de los habitantes de los barrios de asentamiento de la Provincia, dentro del proceso de urbanización e integración social y urbana que encaramos".

Entre los organismos que prestarán servicios en los CIJ, se encuentran los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y los centros de Mediación de ambos ministerios, la Dirección Nacional de Reincidencia, la Secretaría de Derechos Humanos nacional y las oficinas del Ministerio Público Fiscal de ambas jurisdicciones.

Otro acuerdo

Con el foco puesto en centralizar la asistencia que ambos gobiernos brindan para fortalecer las vías de información, comunicación y acercamiento de las instituciones a la comunidad, poco después los ministros Garavano y Ferrari, junto al procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, acordaron poner en marcha una "Guía de Criterios de Actuación en materia de Protección de Víctimas de delitos graves contra la vida, la integridad física y la integridad sexual".

Ese documento fue elaborado por el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que busca generar una red de trabajo eficaz que brinde respuestas rápidas y específicas a las víctimas, para que conozcan sus derechos, reciban asistencia y protección para evitar la re-victimización.
El acuerdo hace hincapié en la necesidad de profundizar la articulación entre los organismos que intervienen en el proceso de asistencia a las víctimas, a fin de unificar criterios y desarrollar estrategias de trabajo conjunto.

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