El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez (de forma virtual) y la vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para Argentina, Julissa Mantilla Falcón, encabezaron el acto institucional a través del cual el Estado argentino firmó el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género.

El encuentro funcionó también como acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y el pedido de disculpas del Estado por las violaciones de derechos que sufrieron Ivana Rosales y sus hijas, Abril y Mayka.

Como complemento de la reparación simbólica, a través del acuerdo firmado en la ex ESMA Se suman medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género, ya que incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género.

En ese marco, el ministro Soria afirmó que la reparación simbólica “no es suficiente para subsanar el dolor sufrido por Ivana y su familia” ya que el sufrimiento fue “causado en parte por el agresor, pero también por el propio Estado argentino que no solo fue incapaz de prevenir la violencia, sino que ni siquiera logró investigarla y juzgarla en forma adecuada”.

“Hemos dado muchos pasos en estos casi 20 años que pasaron desde que comenzó la tragedia para Ivana y su familia”, profundizó el Ministro y agregó: “Hoy se conjugan dos verdaderas políticas de Estado, como lo son la lucha contra la violencia de género y el respeto por los mecanismos internacionales de reparación de los derechos humanos”.

“Pero también es cierto que queda mucho más por hacer porque cada femicidio, cada acto de violencia de género, nos debe recordar que tenemos una deuda y un deber”, explicó.

Finalmente Soria subrayó la importancia de la implementación de la Ley Micaela en todos los ámbitos del Estado, y remarcó especialmente la necesidad de aplicarla en el poder judicial. En ese sentido, el Ministro expresó su compromiso público para seguir avanzando en “esos cambios que la Justicia necesita para convertirse en una herramienta fundamental para combatir la violencia de género”. “Una justicia accesible, rápida, eficaz, transparente, con escucha, es lo que nos demandan en las calles. Y es lo que nos demanda la memoria de cada Ivana Rosales y la fortaleza de cada Abril Rosales”, expuso.

En el acto institucional también participaron también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner; la secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly; la vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, María Soledad Gennari y la directora Ejecutiva del CELS, Paula Litvachky.

Medidas de reparación

En septiembre de 2019, Neuquén asumió una serie de compromisos de reparación, que ahora con la firma del acuerdo con el Estado Nacional se complementan con medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género.

El Acuerdo incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, por ejemplo:

• El compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia;

• Medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género;

• Políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención.

• Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática;

• Políticas de gestión de la información que permitan contar con datos fiables,

• Implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia, entre otras.

• Efectiva implementación del Estado Nacional del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

El caso

Tras ser víctima de un intento de femicidio perpetrado por su ex cónyuge y padre de sus hijxs en 2002, la justicia provincial de Neuquén sometió a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas.

El tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos. Ivana presentó entonces una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS. En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén.

Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017 por un ataque epiléptico, consecuencia de la violencia perpetrada por su ex pareja. Su hija Abril tomó entonces como propio el proceso ante la CIDH.

Otros hechos

Garoglio fue condenado a cinco años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, pero nunca cumplió la sentencia. Se fugó y nadie pudo encontrarlo pese a que Ivana aportó en numerosas ocasiones datos sobre su presunto paradero. Reapareció cuando la causa prescribió.

Luego fue condenado por la justicia de Río Negro por el abuso sexual de sus hijas. La Justicia las obligaba a encontrarse con su progenitor. Por este hecho fue condenado otra vez a cuatro años de prisión que no cumplió. Mayka se suicidó en 2015, cuando ya era una adolescente.