Existe un conflicto de intereses cuando se produce una confrontación entre el interés público y los intereses privados del funcionario, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades.

La Ley de Ética Pública determina que existe conflicto de intereses en determinadas situaciones objetivas, sin que importe cuáles son las intenciones del funcionario y el beneficio concreto que este hubiere obtenido o podido obtener. Si tales situaciones se configuran, habrá un conflicto de intereses que debe ser gestionado por el funcionario a través de los mecanismos que la misma ley establece.

Las regulaciones sobre conflictos de intereses son herramientas útiles para prevenir delitos, ya que elimina contextos en los que éstos pueden producirse. Es necesario aclarar que puede existir una situación de conflicto de intereses que no derive en la comisión de un delito y, a la inversa, puede haber un delito sin la configuración objetiva de una situación de conflicto de intereses.