Ordenamiento de subsidios
Con el objetivo puesto en subsidiar la demanda y no la oferta, es decir directamente al pasajero en lugar de a las empresas de transporte, se decidió discontinuar el fondo compensador al transporte público que enviaba dinero de manera discrecional al interior.
Esta decisión guarda coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones.
En ese contexto, el Estado nacional sigue subsidiando a través de las (61) localidades con tarjeta SUBE directamente a los pasajeros con atributos sociales (como son jubilados, beneficiarios de AUH, Plan Progresar, empleadas domésticas, etc) con el descuento del 55% de la Tarifa Social.
A su vez, desde diciembre de 2023 llevamos una actualización de la tarifa de colectivos del 615%. Esta actualización tarifaria permitió pasar de una composición en donde el subsidio a la demanda representaba un 8% y el de la oferta un 92% a un subsidio donde la demanda corresponde al 35% y el subsidio a la oferta a un 65%.
Ya se lograron los siguientes hitos:
- Nación y CABA acordaron el traspaso de las 31 líneas que circulan dentro de su territorio.
- Se seguirá subsidiando el 55% del boleto a los 5.3 millones de beneficiarios de la Tarifa Social Federal en las 61 localidades donde está implementada SUBE.
- El Boleto Integrado (RED SUBE) comenzó a ser abordado por sus respectivas jurisdicciones. CABA sostendrán el aporte para sus líneas de colectivo y subtes. Mientras que PBA ha decidio no sostener ese benficio. De esta forma, estamos generando un ahorro estimado de 8 mil millones de pesos para el Estado Nacional.
- Junto a Nación Servicios se nominalizó la tarjeta SUBE, lo que permitió registrar más de 4.2 millones de personas en 90 días. Esta medida permitió direccionar mejor los subsidios por atributos sociales.