El INTA cumple con la Ley Nacional 26.899 “Repositorios digitales institucionales de acceso abierto” que determina que los investigadores, técnicos, becarios, etc., que son financiados con fondos públicos tienen la obligatoriedad de depositar su producción en los repositorios institucionales, como así también, los datos primarios a partir de los cinco años de su producción.


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