En este anexo se incluyen las acciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, en curso y/o proyectadas, destinadas a la persecución del crimen organizado.

1) Desarticular la vinculación entre el crimen organizado y la violencia territorial

a) Optimizar la presencia de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en centros urbanos y territorios identificados como de riesgo para sus habitantes: en acuerdo con las autoridades locales (provinciales, departamentales y municipales), desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se viene potenciando la presencia de sus cuatro fuerzas en los centros urbanos del país. Estas articulaciones son el producto de convenios, reuniones, pedidos que ha recibido la cartera nacional para colaborar ante las situaciones de violencia generadas por la criminalidad organizada. Tanto la institucionalización como la jerarquización del Consejo de Seguridad Interior, así como las reuniones que el ministerio ha tenido con las autoridades de las 24 jurisdicciones del país –de manera sistemática y reiterada- han potenciado acuerdos que han sido acompañados y solicitados, incluso, por las organizaciones territoriales. Esa presencia, y la coordinación entre fuerzas locales y federales, se traduce en un incremento de organizaciones desbaratadas.

b) Fortalecer las tareas investigativas y de prevención en zonas de frontera y en las de circulación hacia los centros urbanos: se está ampliando el despliegue de “Grupos Operativos Conjuntos (GOC)” -que actualmente se encuentran en NOA y NEA-, hacia otros siete puntos estratégicos. Estos grupos policiales entrenados especialmente para la investigación criminal se caracterizan por la articulación entre fuerzas federales y policías provinciales. Así, se ha aumentado la capacidad operativa para neutralizar las acciones de organizaciones criminales que procuran desarrollar sus ilícitos en esas zonas. Esta iniciativa, que se realiza bajo la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuenta con el apoyo de organismos internacionales dedicados a la persecución de la narco-criminalidad y han redundado en la detección y decomiso de drogas ilegales, así como del contrabando.

2) Reducir la capacidad de desarrollo de la economía de los criminales. Recuperación y reutilización de sus bienes y ganancias

a) Contrarrestar la logística de la criminalidad organizada multiplicando la reutilización de los bienes secuestrados y decomisados en el proceso penal por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Esta acción se centra en la articulación con el Poder Judicial en el marco de las investigaciones criminales basadas en delitos complejos. Junto con la detención de las personas involucradas en estos delitos, se requiere la incautación de lo producido por los ilícitos (droga, artículos de contrabando, etc.), el secuestro y decomiso de bienes registrables y no registrables. Ejemplo de ello ha sido la compactación de vehículos y la destrucción de armas provenientes del campo delictual, acciones que, además, han contribuido a la protección ambiental.

Por otro lado, contrarrestar la capacidad logística de los grupos delictivos representada en bienes (autos, aviones, helicópteros, barcos, inmuebles, etc.) y reutilizarlos para la persecución del delito resulta trascendente para impedir delitos como el contrabando y el narcotráfico.

3) Incrementar los controles por aire, tierra y agua en las fronteras

a) Robustecer las capacidades técnicas para la detección del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), dando continuidad a la radarización de las fronteras. Es imperioso sumar dispositivos técnicos modernos y que se promueva una mejor articulación interagencial. Ello aumentará la capacidad de detección y análisis del destino que llevan los aviones que sobrevuelan ilegalmente el territorio nacional. Esa información es un insumo clave para la investigación y desarticulación de organizaciones criminales.

b) Fortalecer el control policial portuario de mercancías, modernizando los sistemas tecnológicos, los protocolos para el control policial en zonas portuarias. Resulta necesario fortalecer la capacidad operativa de la Prefectura Naval Argentina (PNA) generando una normativa acorde a la neutralización del tráfico de mercancías y potenciando la articulación con otros organismos estatales con presencia en los puertos.

c) Reforzar la capacidad de gestión del Estado en los pasos internacionales y en las vías navegables internacionales para reducir factores de riesgo asociados con la comisión de delitos complejos transnacionales.

d) Optimizar las estadísticas de los resultados operativos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con el fin de readecuar su despliegue operativo, en especial para la PNA, la Gendarmería Nacional (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

e) Mejorar y perfeccionar el Sistema Tecnológico de Vigilancia en Fronteras (SITEVIF) para alcanzar mayor capacidad de monitoreo y vigilancia preventiva y desarrollar un plan estratégico de neutralización de pasos no habilitados.

4) Profesionalizar y modernizar a las fuerzas para prevenir y conjurar el delito complejo en el siglo XXI

a) El Ministerio de Seguridad de la Nación se encuentra trabajando en la recreación de la Policía Federal Argentina (PFA) en función de su especialización en la investigación compleja. Ello implica incrementar las competencias formativas de investigación para avanzar contra los eslabones más altos de la narco-criminalidad. Para ello se requiere fortalecer la profesionalización de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y la asignación de más y mejores recursos (humanos, económicos y tecnológicos) para la investigación criminal.

Al dejar atrás el programa de “lucha contra las drogas” encarado por la gestión anterior y su baja efectividad de resultados, el paradigma propuesto por la actual gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación requiere utilizar inteligentemente los recursos públicos para volcarlos a aquellas actividades que logren desarticular el corazón de la actividad ilícita. Es necesario revertir la desactualización orgánica, funcional y doctrinal de las instituciones policiales frente al aumento y complejización de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

Nos encontramos optimizando el despliegue de fuerzas y trabajando en la reconversión de la PFA como política urgente que sigue los parámetros internacionales en materia de investigación científica policial y de prevención, sobre todo en materia del tráfico de drogas ilegales.

b) Consolidar instancias de colaboración y asistencia en materia de investigaciones de delitos económicos y nuevas herramientas contables, patrimoniales y jurídicas que posibiliten unificar criterios de actuación y las estrategias comunes de intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para profundizar las investigaciones criminales. La formación de las fuerzas de seguridad, también en materia económica, permite potenciar los alcances de las investigaciones en los niveles criminales más sofisticados.

c) Aumentar las capacidades con las que cuentan las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en materia de interrelación criminal de forensias a los efectos de lograr mayor equidad y celeridad en las investigaciones complejas. Para ello se debe hacer un uso estratégico de los recursos disponibles que permitan planificar inversiones direccionadas al fortalecimiento de las capacidades investigativas de dichas fuerzas.

d) Desarrollar el plan de fortalecimiento de la capacidad investigativa en delitos ambientales que encuadran en las penalidades establecidas por las diversas leyes que protegen al ambiente en general. Al igual que se viene desarrollando a nivel internacional, es crucial detectar, identificar y neutralizar a las organizaciones que incurran en actividades ilícitas que generen daño al patrimonio ambiental. A su vez, esta mejora en la calidad de la investigación criminal posibilita detectar la vinculación de este tipo de delitos con otros conexos. Para lograr resultados sólidos y relevantes es fundamental el trabajo conjunto y el intercambio de información entre las áreas específicas destinadas a cada delito en particular.

e) Desarrollar un centro de trabajo de excelencia contra el ciberdelito. Impulsar un ámbito de articulación entre las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que cuente con software avanzado y un modelo de trabajo de prevención, investigación y capacitación respetuoso de los fundamentos, principios y garantías de protección de los derechos humanos. Este impulso se corresponde, además, con el trabajo que vienen realizando las principales agencias estatales de seguridad de los principales países del mundo, así como de los bloques regionales y de las Naciones Unidas que han mostrado su preocupación en materia de delitos informáticos y de aquellos que son perpetrados mediante el uso de las tecnologías conectivas.

f) Ejecutar el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2019-2023) a fin de ampliar la base de capacidad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y Provinciales respecto de nuevas metodologías de delito con utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

5) Coordinar la actuación entre las diferentes agencias del Estado Nacional y las 24 jurisdicciones del país

a) Impulsar ámbitos de coordinación interjurisdiccional de intercambio de información y buenas prácticas para la persecución eficaz de la criminalidad compleja. Para ello, tanto el Consejo de Seguridad Interior como los acuerdos entre diferentes instancias del Estado (nacional, provincial, departamental, y municipal) pueden optimizar las respuestas institucionales ante el delito complejo. Dado que lo hemos caracterizado como geográficamente móvil, es imperioso que se potencien las articulaciones necesarias para evitar la elusión de las organizaciones criminales de acuerdo a su capacidad de desplazamiento.

6) Dinamizar y acelerar las tareas investigativas en articulación con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos. Consolidar el paradigma procesal de tipo acusatorio y la utilización de técnicas de investigación acordes al mismo

a) Desarrollo de una "Agenda Federal de Cooperación Judicial": el objetivo es generar ámbitos de articulación con 18 Cámaras Federales, en los que se diagrame, de manera conjunta, los pasos a seguir para apoyar las estrategias de investigación del delito complejo en nuestro rol de auxiliares de la justicia.

b) Capacitación para las fuerzas de seguridad con el fin de preparar a sus miembros en el nuevo paradigma procesal acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal. Se continuará en la producción de capacitaciones permanentes que brinden herramientas para la investigación y la presentación de pruebas en audiencias orales.

c) Fortalecer la capacidad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales mediante recursos adecuados para la utilización de las técnicas especiales de investigación como las de agente encubierto, informante, agente revelador y entrega vigilada, entre otras. Dichas técnicas especiales requieren mecanismos claramente regulados y recursos humanos especialmente entrenados, que permitan realizar investigaciones dirigidas hacia los niveles más altos de responsabilidad en la organización criminal.

7) Cooperar y trabajar con los organismos internacionales que promueven políticas de seguridad en la región

a) Impulsar una estrategia regional para prevenir, conjurar e investigar la criminalidad organizada transnacional, dentro del marco de las recomendaciones y disposiciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Mercosur.

b) Fortalecer los lazos de cooperación policial regional a partir de la intervención en Ameripol e Interpol.

c) Participar e impulsar instancias de cooperación internacional a partir de Naciones Unidas e Interpol.

d) Suscribir convenios marco de actuación con la Unión Europea.

e) Planificar nuevas instancias de intercambio y cooperación que se dediquen específicamente al delito complejo y al crimen organizado y que encuadren dentro de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional (2000) y sus ampliaciones y modificaciones.

8) Impulsar los cambios normativos que acompañen las definiciones de política criminal enunciadas en este Plan Estratégico

a) Propiciar la modificación del Código Procesal Penal para que se penalice a quien, de forma ilegal, fabrique, acopie, transporte, venda, canjee o intercambie o comercie armas de fuego, sus piezas o sus municiones.

b) Impulsar una ley para permitir la destrucción de armas de guerra, pólvora, explosivos que hayan sido secuestrados y estén en poder de la autoridad pública.

c) Impulsar la modificación de la Ley N° 25.761 de desarmado de automotores y venta de sus autopartes, dado que el espíritu de la misma se ha tornado desactualizado.

d) Rever regulaciones internas y decretos reglamentarios en torno a las técnicas especiales de investigación criminal.

e) Impulsar un análisis científico, jurídico, securitario y de salud pública respecto de la “eficiencia” de la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes (23.737) y su consideración en una trama sociocultural completamente diferente a la que le dio origen.

f) Impulsar la sanción de una Ley Nacional de investigación policial de delitos con fuentes digitales abiertas que regule y especifique las prácticas de investigación en entornos digitales, así como las competencias de las fuerzas policiales y la preservación de los derechos humanos.

9) Fortalecer las capacidades de producción de inteligencia criminal para enfrentar los desafíos de seguridad que representan el narcotráfico y otros delitos complejos

a) Modernizar la articulación y funcionamiento del Subsistema de Inteligencia Criminal (SICRI), promoviendo la planificación estratégica, la especialización profesional de sus componentes, la incorporación de nuevas tecnologías y las capacidades de integración de la información criminal.

b) Orientar la producción de inteligencia criminal hacia el conocimiento de los mercados ilegales y las redes delictivas que operan en nuestro país, considerando también las vulnerabilidades que facilitan el despliegue de estas organizaciones criminales en el territorio nacional.

c) Promover una perspectiva federal de la inteligencia criminal, considerando las particularidades regionales de la criminalidad organizada y favoreciendo la integración de la información, el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica a las provincias.

10) Transparentar las políticas de seguridad y articulación con la sociedad civil

a) Impulsar la creación de un Sistema Federal de Gestión Permanente de Incineración de Drogas (SIFEGPID). Actualmente está en desarrollo un registro único que permita conocer la cantidad de drogas secuestradas en poder de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en todo el país y, a partir de allí, establecer una agenda federal de incineraciones programadas.

Este sistema está destinado a aumentar los niveles de transparencia y trazabilidad de la de la sustancia hasta el momento de ser destruida, evitando desvíos y pérdidas, lo cual permite al mismo tiempo ahorrar recursos y facilitar la tarea de la justicia federal.

De este modo es posible sumar un indicador más con el fin de medir la eficacia de las políticas públicas dedicadas a perseguir la narco-criminalidad al tiempo que facilita la tarea de las fuerzas de seguridad al desagotar los depósitos que se ven permanentemente colapsados.

A su vez, resulta necesario generar mecanismos de análisis científico de las drogas decomisadas, pues las mismas poseen diferencias relevantes que afectan la salud pública, permiten trabajar sobre derivados y posibilitan profundizar en el conocimiento científico sobre nuevas sustancias.

b) Desarrollar nuevos indicadores para la evaluación de la política criminal. Crear nuevos indicadores que permitan medir la eficacia del esfuerzo estatal al encarar la lucha contra el crimen organizado. Es indispensable sumar a la discusión un enfoque desde el daño que se realiza sobre los mercados ilegales y amerite los recursos destinados a tal fin. Por ejemplo, nos encontramos trabajando para medir la efectividad de acuerdo a la cuantificación del daño económico generado a las organizaciones criminales, a través del valor de los bienes recuperados.

c) Crear un sistema de buenas prácticas que tenga por objeto difundir experiencias exitosas a nivel nacional e internacional en materia de investigación contra la criminalidad organizada.