“Ya soy maquilladora, ya lo puedo decir. Ahora, a tirar currículums por todos lados porque tengo el certificado en la mano. Si todo sale bien voy a seguir en esto”. La que habla con ilusión es Isabella Artica Vega, una de las diez participantes egresadas de “Look que transforma”, un programa de capacitación e inclusión laboral para mujeres recientemente liberadas o con arresto domiciliario con vigilancia electrónica. El proyecto fue posible gracias a la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la empresa Farmacity.

El programa apunta a mujeres privadas de libertad que intentan reinsertarse laboralmente. Tras cuatro meses de formación, las diez mujeres que egresaron de este novedoso proyecto -y que se suman a las ocho que ya egresaron el año pasado- formaron parte de una feria de empleo que se desarrolló en la Usina del Arte. Allí recibieron sus diplomas y la certificación del curso.

En el curso las participantes abordaron dos módulos: uno de belleza de manos y otro de maquillaje. Luego sumaron un tercero, más pequeño, sobre atención al cliente y ventas.

“Necesitamos que estas experiencias se multipliquen, y que cada vez sean más las empresas que se suman a incluir personas que recuperan la libertad. Trabajando todos juntos vamos a lograr bajar las tasas de reincidencia y construir sociedades más justas y seguras”, señaló Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.

Concientizar sobre la inclusión

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección Nacional de Readaptación Social y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes se acercaron a Farmacity como compañía para liderar este proyecto. "Trabajamos con personas que recuperan la libertad y con familiares, y muchas de las demandas de las mujeres tenían que ver con este ámbito de la belleza", explicó Fiorella Canoni, directora nacional de Readaptación Social.

“Son diez chicas muy diferentes entre ellas, pero con un punto en común: en algún momento ellas o sus familiares fueron atravesadas por el contexto de encierro. Para todas significó la oportunidad de encontrar espacios no solo de contención sino de sentirse capaces, seguras, de poder enfrentarse a cualquier situación”, explicó Yanina Settembrino, responsable del proyecto desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.

Algunas ya venían trabajando en el área de belleza, y esto es un plus para su emprendimiento. Otras encontraron una profesión nueva que les gusta. “También genera ingresos, lo que desemboca en independencia económica para ellas y sus familias”, agregó Settembrino.

“Es una oportunidad que muy pocas instituciones nos brindan –dice Isabella-. Es un grupo lindo de compañeras y profes. Estuvieron detrás de nosotras constantemente, nos enseñaron todo".

"Nos damos cuenta de que hay gente que puede apostar por nosotras, para que podamos tener un oficio, para hacer algo que nos gusta y nos puede dar una posibilidad de vida, un empleo digno”, agregó.

Para finalizar, Settembrino aseguró que es importantísima la participación de empresas y de la sociedad en esta clase de proyectos. “La inclusión social es una corresponsabilidad. El Estado tiene una función principal, y es nuestra responsabilidad primaria. Pero la inclusión social nunca va a ser posible si la sociedad no empieza a concientizarse sobre la importancia de sensibilizarnos respecto a la problemática de haber atravesado el contexto de encierro”, aseguró.