El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde la Dirección Nacional de Modernización Judicial, dio un paso fundamental para que los tribunales puedan cargar su información de manera segura, ágil y eficiente, mediante la creación de una “nube judicial”.

El proyecto, que depende la Dirección de Apoyo a las Reformas de las Justicias Provinciales y de CABA, es ejecutado en el marco de un convenio entre el Ministerio y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).

Consiste en un plan para modernizar el acceso a la información e interconectar a tribunales y cortes de todo el país, y recibió en Tolhuin, Tierra del Fuego, la rúbrica del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la presidenta de JUFEJUS, María del Carmen Battaíni.

La firma del convenio es el primer paso: dar a los poderes judiciales una herramienta poderosa, para que la puedan utilizar según sus necesidades, según explicó el director nacional de Modernización Judicial de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Luis María Palma.

“Allí hay un convenio de colaboración que el ministro firmó con la presidente de la Junta, en cuyo marco y a través de un acta complementaria se prevé la puesta en funcionamiento de la nube judicial. Para esto, el Ministerio colaborará para que JUFEJUS contrate a ARSAT para implementar la nube digital y de otras prestadoras a cargo de servicios complementarios, que van a proporcionar la asistencia técnica y los recursos de infraestructura necesarios”, explicó Palma.

-¿Cuáles son los pasos a seguir para poner en marcha el convenio?

-Hubo ya un contacto directo de la Junta Federal con ARSAT, que es una empresa pública, con vistas a poder conocer las instalaciones y los servicios que se están prestando, y suscribir un acuerdo en este sentido. Una vez formalizado el convenio y los procesos de contratación, y notificada por JUFEJUS la adjudicación de los bienes y servicios, podrá avanzarse en la gestión administrativa interna.

-Tiene mucha importancia determinar la infraestructura tecnológica…

-Claro, porque es la utilización de satélites lo que va a permitir que desde los poderes judiciales y desde la Junta, en su caso también como institución que nuclea a las cortes y superiores tribunales, puedan subir información a la nube. Pensemos que estamos hablando de mucho peso en la cantidad de archivos a cargar: según lo que decidan estas organizaciones, dentro de tal información podrían encontrarse grabaciones de audiencias, expedientes y documentación judicial, todo la cual debe ser almacenado de manera segura en la nube. Esto va a permitir ahorrar una gran cantidad de recursos que, de otra manera, cada poder judicial tiene que estar erogando individualmente para solventar este mismo tipo de gastos.

-¿Qué se sube a la nube judicial?

-Desde el Ministerio se proporcionan los recursos para que desde los poderes judiciales decidan qué es lo que van a subir. No hay desde el poder político ningún tipo de referencia, porque tal decisión se toma en función de la independencia propia de cada poder judicial respecto de qué es lo que desde este se quiere subir. En respeto de la separación constitucional de los poderes y la autonomía de las jurisdicciones, desde el Ministerio se proporciona exclusivamente la cooperación económica para que la nube se haga realidad.

-¿Y cuando se creó en qué se pensó?

-Se piensa en las audiencias, en lo que es documentación jurisprudencial, en la forma en que se pueda facilitar la búsqueda de información, que haya nombres o palabras guía a partir de las cuales se pueda identificar más fácilmente a nivel decisorio o jurisprudencial qué se está resolviendo sobre un tema en tal o cual jurisdicción, poder judicial, corte suprema o superior tribunal. Todo eso puede ser información que podría estar disponible en la nube. Y esto es mucho más transparente, eficiente y seguro que tener que estar yendo y viniendo a cada uno a buscar la información. El objetivo es facilitar el acceso ágil y seguro a la información junto con una conectividad que contribuya a prestar un mejor servicio desde todos los poderes judiciales.

-¿Quién tiene acceso a esa nube? ¿De quién depende?

-Es privativo de cada uno de los tribunales. Ellos son los que eligen qué van a cargar y quién tiene acceso. El espacio en la nube será dividido en 24 jurisdicciones, es decir 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada poder judicial tiene su propio espacio y sube en él lo que quiere. El Ministerio pone los recursos económicos a disposición para la contratación de los servicios para que los poderes judiciales cuenten con ese espacio. Actualmente cada poder judicial tiene su propio data center y servidores, algo que es muy oneroso mantener y actualizar. Mediante la nube se obvia todo esto.

-O sea que el acceso a la nube va a depender mucho de cada jurisdicción.

-La evolución tecnológica de los poderes judiciales es diferente en cada caso. Por eso es probable que en algunos el uso de la nube sea más intenso que en otros. Pero depende de ellos, porque la posibilidad de acceder es para todos. Esto implica un cambio cultural.

Acceso a la información judicial

Para la coordinadora nacional de Modernización Judicial, Cristina González, la nube judicial puede aportar mucho también para unificar formas y criterios: “Porque también se puede compartir software de gestión. Eso hace unificar la gestión en todos los poderes. Por ejemplo, los poderes judiciales de La Pampa y San Juan tienen su propio software de grabado de audiencias. Entonces, ellos pueden subir a la nube lo que quieran y, gracias al software compartido, todos pueden tener acceso a eso”.

-¿De qué va a depender la utilización de la nube?

-Hay muchas dudas o miedos respecto de subir información a la nube, por eso digo que es un cambio cultural. Pero a medida que vean que subiendo determinada información se puede trabajar con ella y de manera segura, se va a ir generando la confianza como para poder incorporar su uso cada vez más. Esperamos que sea algo gradual. Hoy cada vez somos más conscientes de que uno viaja, vuelve, abre la computadora y ya sabe que se está actualizando sola con lo que está cargado en la nube. Este concepto, a nivel del Poder Judicial, teniendo en cuenta que no estamos hablando de información personal sino pública, suscita más resistencia. A medida que nos animemos a hacerlo, vamos a ver las ventajas que esto tiene en todo sentido. Pero hay que saber que estos procesos llevan mucho tiempo.

Palma hace foco en que este es un paso importante para la modernización de la justicia: “La idea, además, es que, si las audiencias se hacen digitalmente, no haya necesidad de estar imprimiendo ni escribiendo nada, porque directamente queda constancia de lo dicho al realizarse oralmente. Queda registrado todo. Y es más sencillo después buscar la información que se necesita de una audiencia cuando uno tiene que valorar determinada prueba, ya que existen aplicaciones informáticas que facilitan esta tarea. Si tuviéramos que volcar todo esto por escrito, estaríamos duplicando los procedimientos. Seguramente actividades de este tipo que se puedan digitalizar en su totalidad, tengan una transición en la cual haya que seguir durante un tiempo por dos caminos, usando los soportes papel y digital”.

Actualmente, si bien se han concretado reformas procesales, siguen existiendo procedimientos escritos en muchos lugares. “La idea es que no lo sean más. Pero eso depende de decisiones políticas y cambios culturales que no se dan de la noche a la mañana, porque la gente se siente tradicionalmente más segura con una firma en un expediente en papel, por más que el papel con el tiempo se deteriora. Estamos hablando de un cambio cultural por el cual, con la gestión digital y la superación del uso del papel, cuando los agentes judiciales utilicen habitualmente estas herramientas van a poder hacer justicia cada vez mejor y más rápido, facilitando el acceso de mucha más gente”, concluyó Palma.