El Código Procesal Penal Federal (CPPF) fue reformado junto con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil que participaron en grupos de trabajo reunidos en el Eje Penal del Programa Justicia 2020. Se aprobó a fines de 2018 en el Congreso Nacional, se reglamentó en febrero de este año y el lunes 10 de junio empezó a aplicarse en las provincias de Jujuy y Salta.

Esta semana se dio otro paso para su implementación en dos jurisdicciones más: la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dispuso su “aplicación integral en todas las causas que se inicien en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”, según la resolución 2/2019 publicada en el Boletín Oficial.

Esta acción sigue el cronograma que estableció la Comisión Bicameral, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y los gremios judiciales.

La resolución explica que fue “evolucionando favorablemente el proceso de implementación en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy, como lo demuestran las estadísticas con que se cuenta a la fecha en cuanto a eficiencia y celeridad de los procesos judiciales”.

El subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benitez, aseguró que “la decisión adoptada por la Comisión Bicameral reafirma la voluntad de continuar avanzando con la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal acusatorio, priorizando jurisdicciones en las que se están desarrollando las investigaciones más importantes contra el narcotráfico”.

En este sentido, en materia estadística, Benitez resaltó que “en menos de 6 meses, el nuevo sistema ha logrado resultados muy positivos, finalizando los casos en un promedio de 23 días con más de 45 condenas, 11 soluciones alternativas y otras 11 elevaciones a juicio”.

En síntesis, el nuevo Código Procesal Penal tiene carácter federal y se incorporaron al texto leyes especiales como las de Flagrancia, de Juicio Unipersonal, del Arrepentido, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena.

Todas ellas fueron sancionadas por el Congreso nacional en los últimos años y establecen cómo deben actuar los jueces y fiscales para investigar un delito e impartir Justicia.
El nuevo proceso de procedimientos adopta el sistema acusatorio en la Justicia Federal penal para investigar y juzgar delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos y la trata de personas, el contrabando y los secuestros extorsivos, entre otros.

Responde a un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles. Su implementación se está realizando de forma progresiva, en diez etapas para abarcar todo el país.