El anteproyecto de ley tendiente a regular los procesos colectivos en todo el país podría ver la luz a finales de septiembre. El recurso puede ser aplicado a cualquier derecho que afecte a muchos individuos, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, abusos por tarifas o servicios o discriminación.

Un buen ejemplo surge del derecho de consumo: si a un cliente bancario le cobran 1 peso en forma indebida, nadie va a iniciar un juicio por 1 peso.

Pero un millón de usuarios, es un perjuicio de un millón de pesos. Entonces, alguien puede iniciar una acción -siguiendo determinados requisitos-, representando al universo de usuarios afectados.

Los avances del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este sentido se sustentan en distintas mesas de trabajo con magistrados de las provincias y de distintos fueros a nivel nacional y federal, y guarda relación con el espíritu participativo y los principios del programa Justicia 2020.

El trabajo persigue el desarrollo de un marco normativo que ordene el tratamiento de esas cuestiones de afectación masiva, los llamados derechos individuales homogéneos.

La Corte Suprema Justicia viene señalando hace algún tiempo a través de varios fallos, la tardanza del Congreso Nacional en la regulación de este tipo de procesos, al mismo tiempo que reconoció el derecho de interponerlos, al señalar que los jueces deben garantizarlos, y al identificar determinados requisitos mínimos de admisibilidad, muchos de los cuales no se cumplen acabadamente en la práctica.

A partir de este señalamiento, quedó expuesto que el proceso regulado en el Código Procesal no es el adecuado para la efectiva defensa de esos derechos, máxime cuando el interés considerado en forma individual no justifica la promoción de un reclamo judicial.

La ley que regule los procesos colectivos -tarea que está llevando adelante la directora del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado, Agustina Díaz Cordero-, debería establecer un marco procesal completo, que incluya las reglas necesarias tendientes a balancear los derechos de las partes y de aquellas personas representadas que no participen en forma personal en el juicio, con reglas que aporten a los justiciables accesibilidad, previsibilidad, coherencia en las decisiones y eficacia en el cumplimiento de los decisorios.