Decenas de familiares de víctimas de siniestros de tránsito, con camisetas, banderas y carteles con el nombre de sus seres queridos, participaron ayer de la presentación del “Protocolo de Actuación en Siniestros Viales”, con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el predio de la ex ESMA. El protocolo servirá para atender a las víctimas y asegurar la correcta recolección y preservación de la evidencia en la escena de siniestros viales.

El protocolo surge por iniciativa de familiares de víctimas y fue elaborado en conjunto por la Subsecretaria de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y los Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Está dirigido a operadores judiciales y a miembros de fuerzas de seguridad que intervienen en el momento de los hechos. Se propone lograr procesos judiciales más eficientes, ya que permitirá mejorar sustancialmente las investigaciones. Incluye capacitaciones y varios simulacros de actuación que iniciarán a mediados de agosto.

El ministro Germán Garavano encabezó la apertura del encuentro. Resaltó que “son siniestros, no accidentes” y que se busca “un cambio cultural para tomar conciencia”. Y destacó el trabajo en conjunto de la sociedad civil y los organismos del Estado intervinientes en la problemática vial.

“Los siniestros viales son la principal causa de muerte en el país, mucho más que los robos o los asesinatos”, resaltó Garavano e hizo hincapié en “tomar conciencia de la gravedad de los siniestros y del peligro al volante, porque es un tema que nos involucra a todos”.

Viviam Perrone, presente en el acto, dijo: “No tengo palabras para agradecer el trabajo hecho desde el ministerio. Hace años que pedimos este protocolo vial. Sirve para las causas judiciales y para evitar otros hechos”. Perrone es integrante de Madres del Dolor. Su hijo Kevin Sedano, de 14 años, murió atropellado en 2002.

“Por fin escuchamos hablar de delitos de peligro abstracto. Cambio de paradigma, por fin”, señaló Ema Cibotti, cuyo hijo también murió tras un hecho de tránsito y hoy encabeza una asociación contra la violencia vial. También participaron del acto, entre otros familiares, María Luján Rey y Matías Bagnatto, que integran el flamante Observatorio para las Víctimas de Delitos.

Para el ministro, el protocolo ayudará a generar herramientas para que “el sistema cambie, y así poder proteger la evidencia en el lugar del hecho”. En el marco del anteproyecto de nuevo Código Penal de la Nación, Garavano remarcó el aumento de las penas en determinadas conductas peligrosas al volante, como el exceso de velocidad o el abandono de persona tras el accidente, además de la nueva figura de “conducción temeraria”.

Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, manifestó que “una política pública está basada en tres acciones: diagnóstico, ejecución y la posterior medición de su eficacia”. Y resaltó el rol de los familiares de las víctimas: “De una vivencia desgraciada pudieron construir y nos ayudan a construir, para que otras personas no vuelva a sufrir y además podamos mejorar el sistema de Justicia”.

Contexto del estudio

En su exposición, el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, dio un marco estadístico a través del “Estudio Multidisciplinario sobre Siniestros Viales”, realizado por su equipo. Fue una investigación sobre el contexto de los siniestros viales, estadísticas, derecho comparado y las causas penales que se tramitaron en el Poder Judicial en el año determinado por el trabajo de análisis.

Se tomaron como base los siniestros de 2012 en la ciudad de Buenos Aires y el tránsito del expediente judicial y su resolución. González Guerra explicó que hubo 139 víctimas: el 72% fueron varones y el 45% peatones. El 29%, personas mayores de 65 años y el 32% circulaba en motovehículos. El 96% de los imputados fueron varones y el 68% tenía una edad de entre 25 y 44 años.

De los 133 siniestros de ese año, sólo 18 casos llegaron a la etapa final de juicio, y hubo 9 condenas definitivas. Y aún quedan 4 causas sin resolver desde hace 6 años. De las sentencias relevadas, el 72% de los 142 imputados fueron sobreseídos y el 19% ya había tenido un siniestro vial en los últimos cinco años.

En orden a las percepciones de la sociedad sobre esta problemática, el estudio mostró que el 73% de las personas consultadas consideró que “se violan los límites de velocidad en su zona”, mientras que el 66% “considera que no se respetan las normas de tránsito en el país”.

Estandarizar prácticas

En los detalles técnicos, el coordinador del Programa Nacional de Criminalística, Santiago Del Carril, explicó el “protocolo es un documento articulado de las actuaciones en el lugar del accidente de todos los organismos intervinientes en un siniestro vial, desde bomberos, agentes de tránsito y fiscales”.

“Es un protocolo que estandariza las prácticas de rutina para asegurar el levantamiento de la evidencia en el lugar del hecho y lograr una investigación eficaz”, agregó Del Carril.

“Aún la urgencia e importancia que es el salvar vidas no puede justificar la pérdida de pruebas porque, luego de ocurrido el hecho, es fundamental deslindar las responsabilidades. En un siniestro hay responsables y eso es lo que debe determinar la Justicia, con pruebas bien preservadas”, agregó.

El funcionario, finalmente, destacó que entre algunos puntos destacados se crea la figura de “coordinador general” en los siniestros, con el objetivo de “salvar vidas y conservar la escena del hecho, así como ordenar la práctica de los organismos en el siniestro para que la Justicia pueda realizar su trabajo”.

La implementación del protocolo será en etapas. El próximo 13 de agosto se llevará a cabo una simulación y los días 27 y 28 habrá una capacitación para diferentes actores involucrados en la iniciativa. El primer simulacro se llevará a cabo el 6 de septiembre, en la sede de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, con la participación de todos los órganos públicos que elaboraron el protocolo.