Julián trabajaba como docente de física y química en el Instituto Privado Emanuel, en la localidad de Oberá, provincia de Misiones. Estaba en pareja con Alejandro, con quien decidió casarse hacia finales de 2016.

“Cuando le avisé al rector que no podía participar del campamento que anualmente realizaban los alumnos porque coincidía con el día de mi boda, me dijo que creía que iba a pesar mi buen desempeño como docente, y después me contactó el representante legal, un pastor, que me comunicó la desvinculación inmediata”, narra Julián.

Cuando ocurrió el despido, el representante legal de la institución educativa firmó un documento en el que se fijó el monto y modo de pago de la indemnización y en el cual dejó asentado que Julián era separado de su cargo “por el hecho de que la sexualidad del profesor no coincide con el ideario de institución”. Poco después, el colegio advirtió que esto le podría ocasionar problemas legales y le ofrecieron adelantar el pago de las cuotas de la indemnización, a cambio de hacer una modificación en el documento. Julián no aceptó y acudió al INADI.

Seis años después, la Justicia acaba de establecer que el despido de Julián fue una acción discriminatoria que debe ser reparada, fijando un monto resarcitorio por daño moral. En este marco, el dictamen emitido por el INADI fue una prueba clave para que se fallara a favor del docente: “El hecho de que la Justicia lo reconozca marca un camino, porque no puede ser que tu vida personal se sobreponga a lo laboral, que se exponga eso y encima te despidan, es irrespetuoso y doloroso. A su vez, esto le da un marco de seguridad a quien pase por eso”, afirmó Julián en una nota periodística.

La delegada del INADI en Misiones, Silvia Risco, siguió de cerca el caso: “Este caso demuestra que guardar silencio nunca es el camino para la defensa de los derechos conquistados, y si bien es cierto que las vías burocráticas y judiciales son largas y espinosas, las debemos transitar para garantizar que se cumplan las normas y no queden en letra muerta”, manifestó.

“Más allá de las denuncias, el mayor trabajo del INADI está en su rol social y político, difundiendo y defendiendo los derechos vigentes para generar así conciencia social sobre el respeto a las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, autopercepción, etnia, clase social, religión o ideología política, entre otras”, concluye la delegada.