Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se propuso combatir los crímenes complejos, como el narcotráfico y la corrupción. Para ello, se diseñaron e implementaron muchas herramientas que tuvieron como punto de origen a la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, dirigida por Juan José Benitez. Estas son algunas de sus gestiones más sobresalientes:

-El Congreso aprobó la reforma del Código Procesal Penal Federal, que permitirá procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos. Pone a la víctima en el centro del proceso e instaura, además, el sistema adversarial o acusatorio, en el que los fiscales dirigen las investigaciones. El proyecto de reforma surgió desde el Ministerio de Justicia y se debatió con la sociedad a través de la plataforma de Justicia 2020. El Código se comenzará a aplicar por las jurisdicciones del norte para luego avanzar progresivamente a todo el país.

-La Subsecretaría de Justicia y Política Criminal elaboró el Protocolo de Actuación en Siniestros Viales, junto con la Agencia de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y Bomberos Voluntarios, y es de adhesión voluntaria para las provincias. Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte no natural en la Argentina y sólo en el 14% de los casos se llega a sancionar a los responsables.

-Con el nuevo procedimiento flagrancia, el 76% de las causas se resuelve dentro de las 30 horas de cometido el delito, lo que permite aprovechar los recursos humanos del sistema de Justicia para la investigación de delitos complejos. Y con los juicios unipersonales logramos que se duplicara la cantidad de sentencias de la Justicia Nacional y Federal. Con esos cambios aumentó un 17,1% la cantidad de condenas desde 2015.

-Por primera vez en la historia, la mayoría de los presos tiene condena firme (se trata del 54,4%). Y desde 2015 hay 14 mil sentencias condenatorias más (19% de aumento). De esos detenidos, más de 4.000 son por drogas: implica un aumento de 48% respecto de 2015.

-El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados fue rediseñado y se transformó en una herramienta de colaboración vital para el sistema de Justicia. Pasó de atender un promedio de 41 casos al año a más de 150. Se aumentó un 115% la cantidad de testigos protegidos por narcotráfico y un 155% los casos vinculados con el crimen organizado.

-La Subsecretaría capacitó en investigación criminal y en ciberdelito a más de 5.000 magistrados y funcionarios judiciales. También lanzó el curso online de Introducción a la lucha contra la Ciberdelincuencia y de Justicia Restaurativa en su campus virtual.

-En mayo, reglamentó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que pone en el centro del proceso penal a quienes sufrieron un delito. La Subsecretaría tuvo un rol fundamental en su redacción.

-Otra iniciativa impulsada fue la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Este año, junto con la Oficina Anticorrupción, generó los lineamientos de los Programas de Cumplimiento de las empresas. Esta iniciativa prevé que las empresas pongan en funcionamiento programas que devuelvan los beneficios reportados a raíz del delito. Además, permite que se lleven a cabo acuerdos de colaboración para la investigación en los casos de corrupción.

-Se impulsó la adhesión de la Argentina a la Convención de Cibercrimen del Consejo de Europa, también conocido como Convenio de Budapest. Esta firma habilita, en materia de delitos informáticos, la cooperación internacional con los países firmantes y fomenta, al mismo tiempo, la obtención de pruebas en formato digital.

-También impulsó la redacción de un proyecto de ley de reforma integral del Código Penal de la Nación, un cuerpo normativo cuya estructura fue creada en 1921 y que, desde entonces, sufrió más de 900 modificaciones que hicieron que perdiera coherencia interna. Una comisión de expertos fue creada para redactar la propuesta, que finalizó el borrador del anteproyecto en marzo y el ministro lo elevó al Poder Ejecutivo.

-Se redactó un protocolo de Mediación Penal Juvenil, que además cuenta con una perspectiva de Justicia restaurativa. De este modo, busca alternativas para poder promover la reinserción de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal, al tiempo que trabajó junto con UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria para mejorar las condiciones en los contextos de encierro por los que transitan los menores de edad.

-Se publicaron textos de acceso público en materia de justicia y política criminal, promoviendo la apertura de datos de la Justicia: el Informe del Sistema de Justicia Penal Argentina; el Informe sobre consumo de drogas, prácticas delictivas y vulnerabilidad social; las Bases para la Reforma Procesal de Familia; el Protocolo de Mediación Penal Juvenil; y la publicación Justicia Abierta: aportes para una agenda en construcción.

-La Ley de Delitos contra la Integridad Sexual había recibido, hacía muchos años, una modificación que carecía de reglamentación. Con el impulso y la intervención de la Subsecretaría, este año se reglamentó y esto dio lugar a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, un órgano cuya creación estaba pendiente desde 2013.

-La oralidad, como uno de los principales aspectos del sistema acusatorio, volvió a tener centralidad: se implementó un plan piloto para oralizar los procesos penales de modo que el tratamiento de los casos se acelere y transparente. En la Justicia Federal de Mendoza, por ejemplo, ya realizaron más de 500 audiencias en este sentido.

-Cofinanciamos 33 laboratorios forenses en todo el país: más prueba científica para terminar con la impunidad. Firmamos un convenio junto con el Consejo de Procuradores y el Consejo Federal de Política Criminal para el fortalecimiento de los laboratorios forenses. Este acuerdo económico es parte de un proyecto integral y federal que permite dar un paso trascendente en el proceso de fortalecimiento de la investigación del delito y descentralizar la capacidad pericial de cada región del país, mediante el aporte de 120 millones de pesos. Su objetivo es acompañar las reformas procesales penales locales. Para ello, los laboratorios están incorporando tecnología forense de última generación para el procesamiento de las evidencias.

-Certificamos Calidad en 166 procesos del Ministerio e incorporamos 171 organismos judiciales al programa de Gestión de Calidad. Dictamos 385.320 horas de capacitación. Entregamos el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, con más de 130 inscriptos.

-El portal de Datos Abiertos de Justicia (primero de la Argentina, comprometido en el Tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto) contribuyó a la sustancial mejora de la posición de la Argentina en el contexto mundial medido por el Índice de Datos Abiertos (Open Data Index), en el que nuestro país pasó del puesto 54º al 17º, y superó países con larga tradición en políticas de transparencia como Singapur, Holanda o Chile.

-En el portal se destacan publicaciones de datos sobre el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, el Registro Nacional de Femicidios, Infoleg, las declaraciones juradas de funcionarios, el registro de obsequios a funcionarios o datos de la Inspección General de Justicia, entre otros. El portal cuenta con 345.852 visitas por parte de 90.921 usuarios únicos, hasta noviembre de 2018. Actualmente contiene 48 conjuntos de datos con 155 recursos (bases de datos) provistos por 22 organizaciones del Ministerio. También se organizaron hackathones de trabajo con datos abiertos de Justicia junto con estudiantes y organizaciones, entre ellos el primer hackathon de datos de Justicia y Género.