Tucumán se convirtió en la primera provincia en presentar un anteproyecto de Ley para la creación de un Equipo Judicial Especializado en Violencia Doméstica, Sexual e Institucional, basado en una propuesta de ley modelo confeccionada por un grupo de especialistas convocados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y presentado este lunes por legisladores tucumanos.

La iniciativa fue previamente presentada como “Anteproyecto de la ley de creación de un sistema de justicia especializado en casos de violencia intrafamiliar y sexual” en la Legislatura tucumana. Estuvo presente el vicegobernador, representantes de todos los bloques de la Legislatura, y varios ministros y ministras del Ejecutivos. También se presentó y debatió la propuesta en el Centro de Especialización Judicial de la provincia.

“Siempre tuvimos presente que, en la situación actual, las personas que sufren la violencia intrafamiliar transitan por distintos espacios de la Justicia y muchas veces terminan en una situación de abandono”, dijo Claudia Sbdar, jueza de la Corte tucumana e integrante de la comisión redactora del anteproyecto.

Para la elaboración de Ley Modelo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación conformó una comisión de la que participaron juezas de tribunales supremos provinciales, procuradores generales y fiscales, profesoras de derecho, abogadas de litigio de la práctica privada, defensores públicos y defensoras de niñas y niños.

Ese equipo trabajó por más de un año, con el objetivo de resolver algunos varios de los problemas que existen hoy en la tramitación de este tipo de causas.

Evitar la revictimización

María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia y una de las impulsoras de esta Ley Modelo, explicó algunos de los objetivos principales del trabajo previo: “Este equipo judicial unificó la competencia penal y civil de forma que no ocurra lo que hoy sucede, que es que una mujer, víctima de violencia física, tenga que iniciar una causa penal por los delitos asociados a la violencia doméstica (por ejemplo, lesiones gravísimas), otra en el juzgado de familia (una medida de protección, como la de no acercamiento), y después tramitar, si estuviera casada o tuviera hijos, el divorcio, cuota de alimentos, y lo que respecta a la responsabilidad parental”.

“Esto, además de ser una fragmentación de un conflicto, genera mucho peso sobre las víctimas, que en ocasiones no saben en qué estado están sus causas; se las revictimiza porque tienen que contar una y otra vez qué les sucede”, señaló Rodríguez.

Además de unificar las competencias, se propone, procesos oralizados y reemplazar el esquema clásico de juzgados por un colegio de jueces, con oficinas comunes.

Un trabajo interdisciplinario

Una de estas oficinas se dedicará a la ejecución y monitoreo de las decisiones judiciales: “Para que deje de suceder lo que pasa hoy y que es que se dictan medidas de protección, como las de no acercamiento, que en muchos casos son escudos de papel. Porque en la existencia práctica, o no se notifica a la persona violenta, o cuando incumple la medida no hay ninguna sanción, entre otras falencias”, agregó Agustina Ramón Michel, asesora en género de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.

Esta ley propone como cuestión central un sistema de atención a las víctimas que sea llevado adelante por equipos de trabajo interdisciplinarios, donde participen no solo los agentes judiciales y especialistas del derecho, sino también expertos en áreas como las del trabajo social y la psicología.

En ese sentido, Sbdar señaló: “La dinámica actual tiene un eje en la asistencia. Pero con esta nueva ley, pensamos qué si los jueces están imbuidos en las problemáticas de cada víctima, y si cuentan con la herramienta de la audiencia, el nivel de resolución será mucho mayor al que hoy tenemos”.

La competencia de este Equipo Judicial no solo abarcaría los casos de violencia doméstica y sexual sino también una porción de lo que se considera violencia institucional, en los casos en que haya involucrada relaciones de cuidado, como sucede en los geriátricos, por ejemplo.

El Ministerio de Justicia de la Nación trabajó en esta Ley Modelo para que sirva como base para que las provincias -incluso municipios como Quilmes donde también se está empezando a trabajar- puedan tomar este proyecto y adecuarla a procedimientos y diseños institucionales.

Los diálogos también se han abierto en Mendoza y Salta, y se espera discutir en otras provincias y también en ámbitos académicos y judiciales esta propuesta que apunta no sólo a una reforma legislativa sino a un cambio de paradigma organizacional en las respuestas judiciales a los casos de violencia doméstica y sexual.