La investigación se inició a partir de una denuncia recibida en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, Secretaría Penal N° 3 y del Dr. Maximiliano Iturburu, que señalaba posibles maltratos en un asilo de ancianos ubicado en la calle Gualeguay al 5400 de la localidad bonaerense de Ezpeleta. Por tal motivo, el Juzgado interventor autorizó la intervención de la División Delitos Contra la Salud Pública, con el objetivo de establecer si existían conductas ilícitas relacionadas a la Trata de Personas o la Explotación Laboral.

En consecuencia, los efectivos federales iniciaron amplias tareas de campo, y con el total de las pruebas aportadas comprobaron que la residencia para adultos mayores no sólo había sido clausurada el año pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y continuaba funcionando de manera clandestina con su frente disimulado por abundante vegetación, sino que también se encontraba en pésimas condiciones de mantenimiento para ser habitada.

Ante tal situación y con la orden del “Registro Domiciliario, Secuestro, Requisa Personal y Vehicular” emitida por el Magistrado, se organizó un importante procedimiento coordinado con el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Salud y Agencia de Fiscalización y Control Comunal del Municipio de Quilmes, además de profesionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Durante el operativo, los federales identificaron y notificaron de la causa a la encargada del establecimiento y su cocinera, únicas personas disponibles para la atención de los 25 pacientes. Por otra parte, constataron que el lugar no cumplía con las medidas mínimas de seguridad e higiene correspondientes, ni contaban con ración de comida suficiente para la cantidad de personas que allí vivían, la mayoría con problemas cognitivos y de movilidad.

Las víctimas, que se encontraban en condiciones de hacinamiento y falta de aseo personal, fueron asistias por los profesionales y entrevistados por el equipo interdisciplinario presente en el lugar, quienes verificaron su estado de salud física y mental. En consecuencia, el Magistrado dispuso el traslado de los ancianos con sus familiares en los casos que esto fuese posible, y la reubicación de aquellos que no contaran con esa posibilidad, a residencias geriátricas disponibles en PAMI, la Intendencia de Quilmes o el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Por último, la Judicatura actuante dispuso la Clausura Judicial y Administrativa del lugar, y el secuestro de las 25 copias de las historias clínicas de los damnificados para continuar el curso de la causa.