A menudo, los ciudadanos que son víctimas de delitos experimentan la impresión de que las instituciones que deben protegerlos no les dan respuestas claras. Para paliar esa sensación, con el propósito de orientar a las víctimas que recurren a las unidades judiciales para hacer las denuncias correspondientes, en Córdoba empezó una prueba piloto que abarca ocho trabajadores sociales desplegados en seis sedes. El período de prueba se llevará a cabo durante los próximos doce meses.

Los orientadores, licenciados en Trabajo Social, están recibiendo capacitación a partir de un convenio sellado entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Salud cordobés. El primer ciclo de formación de orientadores se inauguró recientemente y contó con la presencia del fiscal general Alejandro Moyano y el ministro Francisco Fortuna, a cargo de la cartera de salud provincial.

Al llegar a las unidades judiciales, los concurrentes que hacen la denuncia muchas veces ignoran qué pasos deben seguir, o se encuentran frente a personas que las atienden sin tener en cuenta la necesidad de contención que necesita quien ha sido víctima de un ilícito.

Los profesionales designados, que están formados escuchar problemáticas sociales, serán los encargados de brindarles atención y guiarlos en los procedimientos que se deben llevar adelante para realizar con eficacia una denuncia judicial.

Los orientadores tendrán por objetivo acortar los tiempos de atención y espera en el Poder Judicial. También ofrecer contención a las víctimas. Esta propuesta apunta a ofrecerle a la ciudadanía una respuesta de carácter integral, que exceda los requerimientos puramente jurídicos.

A nivel nacional, el Congreso sancionó en junio del año pasado la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, una norma que pone en funcionamiento una serie de dispositivos disponibles las 24 horas para quienes sufren un delito.

Un mejor servicio

El Ministerio Público Fiscal cordobés valoró la licenciatura en trabajo social como aquella que ofrece el conocimiento socio-jurídico, la experiencia y la formación en instituciones imprescindibles para que se cumpla el cometido específico de los orientadores judiciales.

Los profesionales sociales que tendrán a su cargo la labor de orientación completarán sus prácticas en las unidades judiciales número 1, 3, 5, 9, 15 y 22. Estas unidades han sido las seleccionadas merced a la mayor afluencia de público que presenta allí sus denuncias.

El fiscal Moyano sostuvo que “este proyecto que forma parte del nuevo modelo de unidad judicial, cuyo propósito es acercar un mejor servicio a la comunidad”.

La primera edición del curso tendrá un cupo reducido, y la intención de las autoridades que lo impulsan es, a partir de los resultados que se obtengan, ampliar la experiencia hacia el resto de la provincia.