En la 45 Feria del Libro de Buenos Aires se presentó el viernes último la publicación “Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos. Ley 27.372 comentada”, editada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Participaron del acto el jefe de Gabinete del Ministerio, Martín Casares; Luciana Carrasco, asesora de la Subsecretaría de Política Criminal y coordinadora del Observatorio de Víctimas de Delitos; y familiares y víctimas de delitos.

Carrasco precisó que “con la ley buscamos volver al sentido común y perder el sentido que nos inculcaron en el servicio de Justicia, el ‘no podés ver, no podés formar parte’”, expresó, en relación al rol que tenían antes las víctimas durante el proceso penal. “Si una víctima viene a pedirnos algo, tenemos que brindar toda la ayuda y las herramientas que podamos”, agregó.

Del panel formaron parte Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, asesinada por miembros de fuerzas de seguridad tucumanos; Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, atropellado y fallecido luego de un siniestro vial; María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, muerto en la tragedia de Once; Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, asesinada por el portero de su edificio; y Matías Bagnato, sobreviviente de la llamada “masacre de Flores”.

“Uno no está preparado para lo que le va a pasar; nadie sale de su casa pensando o sabiendo que va a convertirse en víctima, y todo lo que viene después de eso. Empiezan los gastos: abogados, sepelios, pero además sobreponerse porque hay que hacer trámites, y entender de cero cómo funciona la Justicia. Todo eso pasa cuando una persona se convierte en víctima”, expresó, María Luján Rey, para expresar cómo es vivir una situación como la que le tocó pasar a ella en febrero de 2012, tras el
accidente ferroviario que dejó 52 muertos; entre ellos, su hijo Lucas.

Por su parte, Matías Bagnato, remarcó la importancia que tiene la Ley de Víctimas a la hora de abordar un caso y el cambio que implica en el proceso penal: “Ahora la víctima tiene una participación real, pero no sólo en la primera instancia, ya que en los tribunales de alzada también puede ser escuchada. Y su opinión no es sólo tenida en cuenta, sino que debe ser tomada por los jueces ante cualquier decisión que tomen”.

La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos fue sancionada en junio de 2017 y reglamentada un mes después. Además las facultades y el nuevo rol de participación activa en el proceso que se le dio a las personas que sufrieron un delito en su contra, la normativa creó un observatorio que se encarga, con el aporte de las víctimas, de vigilar y mejorar todos los aspectos de esta legislación. Además, creó el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), donde las personas reciben asistencia interdisciplinaria del equipo de abogados, trabajadores sociales, psicólogos.

Otras charlas del Ministerio

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participó en la Feria con distintas charlas y talleres, donde se presentaron proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, como el de reforma del Código Penal, y distintas iniciativas en las que trabaja la cartera.

El ciclo de charlas comenzó con una presentación sobre “Mediación en barrios: seguridad ciudadana y convivencia comunitaria”, convocada por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Por su parte, la Dirección Nacional de Justicia y Política Criminal ofreció otros dos encuentros además del referido a la Ley de Víctimas.

El primero se basó en un Protocolo de Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos, de alcance federal, que recepta los postulados de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa. “El Protocolo ya está disponible para que los operadores de la justicia penal juvenil lo adopten. Es una herramienta necesaria para empezar a trabajar con los métodos restaurativos.” afirmó durante la presentación el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez.

Los lineamientos generales del proyecto de Reforma del Código Penal fueron presentados el jueves 9 por tres integrantes de la Comisión Redactora: el director nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra, la jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la CABA, Patricia Llerena, y el subsecretario de Articulación Judicial del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

González Guerra afirmó que “el Código vigente actual data de 1921, sus intereses están desactualizados. El proyecto de reforma que presentamos viene a adecuarse a los cambios que se dieron en la sociedad durante este tiempo”.