En la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB), que reúne a ministros, ministras de Justicia y autoridades análogas de Latinoamérica, España, Portugal y Andorra, se aprobaron los informes de gestión 2021-2022 y se adoptaron decisiones estratégicas de cara a los compromisos de trabajos para las carteras de Justicia.

Durante la jornada, que se desarrolló de manera virtual, las autoridades suscribieron una declaración conjunta aprobando los informes que brindó el secretario General de la Conferencia, Enrique Gil Botero, quien destacó el cumpliendo de los objetivos de la última Asamblea Plenaria, en cuanto al fortalecimiento institucional del organismo, la puesta en marcha del Tratado de Medellin, la activación de las metas y líneas de trabajo del Programa iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ).

A su turno el ministro de Justicia, Martín Soria, señaló “el compromiso de todos los Estados presentes y el acompañamiento mutuo para transitar el camino trazado en la reciente Declaración de Barranquilla, pudimos poner en valor los objetivos compartidos en pos del fortalecimiento del valor justicia y respeto a los derechos humanos, focalizándonos en el fortalecimiento de acceso a la justicia; las innovaciones tecnológicas aplicadas a la Justicia; el necesario avance hacia la justicia juvenil restaurativa moderna para reducir la reincidencia adolescente; y reparar el daño causado en nuestras sociedades”.

Junto a Soria estuvieron presentes el secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero, el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) Andres Allamand (Chile), los ministros de Justicia María Pilar Llop Cuenca (España), Iván Lima Magne (Bolivia), Gerald Campos Valverde (Costa Rica), Catarina Sarmiento y Castro (Portugal), Héctor Gustavo Villatoro (El Salvador), Anderson Gustavo Torres (Brasil), Gastón Gianero (Uruguay), Josep María Rosell Pons (Principado de Andorra), Edgar Gustavo Olmedo Silva (Paraguay), Félix Inocente Chero Medina (Peru), Remigio Ceballos (Venezuela), Marcela Ríos Robar (Chile), Oscar Manuel Silvera Martínez (Cuba), Diana Salazar Méndez (Ecuador), Alba Luz Ramos (Nicaragua) Miriam Germán Brito (Rep.Dominicana), Alejandro Gertz Manero (Mexico), Wilson Ruiz Orejuela (Colombia), entre otros.

El ministro Soria recordó que “ese trabajo en conjunto que durante la presidencia pro tempore del estado argentino de la Reunión de Ministros y Ministras de Justicia del Mercosur, logramos gracias a esa cooperación internacional, darle impulso al reconocimiento mutuo de las medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género, ideamos así el primer mecanismo regional que reconoce los derechos de las mujeres que sufren violencia de género sin importar las fronteras. Una vez que el tratado entre en vigor, mediante la creación de las Ordenes Mercosur de Protección (OMP), las medidas de protección contra la violencia de género dictadas por los poderes judiciales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reconocerán y aplicarán mutuamente sin necesidad de impulsar nuevos procedimientos judiciales en unos u otros paises”.

Soria aprovecho el escenario internacional para poner de relieve frente a sus pares de la región, la situación que atraviesan los poderes judiciales y que merece especial atención, afirmando: “Vemos como se ha profundizado la desconfianza e insatisfacción de la ciudadanía en el servicio de justicia de nuestros países, así lo marcan todas las encuestas de opinión, hay una lamentable disociación entre el servicio de justicia y las necesidades de los justiciables, mientras eso sucede observamos la intervención de determinados elementos o sectores del poder judicial interviniendo políticamente en clave electoral, y esto, todos sabemos que rompe, colisiona con el necesario e indispensable equilibrio entre los restantes poderes de nuestros estados, a más de la escandalosa muestra de falta de independencia e imparcialidad del que indispensablemente debe gozar el poder judicial. Es en estos ámbitos internacionales donde también tenemos que dar los debates acerca de lo que sucede con la justicia en nuestros países para recuperar y devolverle el prestigio que no debe perder la cultura jurídica Iberoamericana”.

Por su parte, el anfitrión de la 22° Asamblea, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne recordó que su país sufrió recientemente un golpe de estado contra el orden democrático, en ese sentido sostuvo que “la democracia es fundamental y asumimos que los compromisos que tenemos como Estados, y especialmente como Ministros de Justicia”, y remarcó que “el golpe de estado se ha caracterizado por violaciones graves a los derechos humanos, más de 36 bolivianos han perdido la vida y no ha sido un acto aislado. Como esta intervención positiva de los ministros de justicia que trabajamos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos también ha habido momentos nefastos para violar los derechos humanos, les recuerdo el Plan Cóndor y la reciente intervención del ex-presidente Mauricio Macri mandando armas a Bolivia para colaborar con el último golpe de estado”.