En el histórico salón Felipe Vallese, el Comité de Lucha contra la Trata, junto a la CGT y UATRE, realizaron el viernes 26 de agosto un seminario con especialistas judiciales, de organismos internacionales, y de la Academia de Ciencias del Vaticano, con los objetivos de mejorar las capacitaciones, detección temprana, inspecciones, y sentencias judiciales.

Participaron del encuentro: Gustavo Vera, director del Comité; José Voytenco, secretario general de UATRE; Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA y de la Secretaría de Protección de la Niñez de la CGT; Dra. Laura Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata; Dr. Marcelo Colombo, fiscal titular de la Procuraduría de trata y explotación de personas; Dr. Santiago Inchausti, Juez Federal y vicepresidente la Asociación de Jueces Federales; Dra. Gabriela Fernández, Jefa de OIM Oficina Internacional para las Migraciones; Dr. Gustavo Ponce Punto Focal en trabajo infantil, trata y trabajo forzoso de la OIT; y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.

La confluencia de funcionarios políticos, sindicales, judiciales y de organismos internacionales permitió un fructífero intercambio de opiniones en la que se resaltaron varios denominadores comunes: la necesidad de articular mancomunadamente, de acelerar los juicios y sentencias judiciales, de iniciar el proceso de reparación de víctimas incluso con la incautación ad referéndum de bienes secuestrados y la clarificación de los indicios de explotación.

Dio inicio al seminario, el secretario general de la CGT, Pablo Moyano, quien manifestó: "Los responsables de este flagelo son siempre los mismos, los empresarios que más explotan a los trabajadores, y que venimos denunciando como formadores de precios y que ganan con la inflación a costa de los trabajadores".

Luego Alejandro Salcedo, Secretario de protección de la niñez de la CGT sostuvo que: "El Estado tiene que tomar esto muy en serio y me llena de orgullo que la CGT lo tome como una política gremial fundamental. La trata de niños se va a terminar cuando el padre y la madre tengan trabajo registrado con derechos y protección para toda la familia. En la Argentina los privilegiados deben ser los niños y los protagonistas los trabajadores".

Por su parte, José Voytenco, titular de UATRE y Director de RENATRE agregó: "Los trabajadores rurales no comparten la bonanza del sector, tenemos el mayor porcentaje de trata de personas, un gran porcentaje de trabajo infantil. Hoy se cuida más al animal, al toro, la oveja, la vaca o el silo de soja, que la vida del trabajador rural, que está expuesto a las condiciones más complicadas, a los agroquímicos, chicos que están expuestos a levantar las cosechas, durmiendo en depósitos de agroquímicos, pero eso no se contempla a la hora de defender los intereses del sector, somos trabajadores pobres con un salario miserable. Hay empleadores inescrupulosos que les importa nada la vida humana y se aprovechan de esta situación. Venimos desde un tiempo a la fecha trabajando con el compañero Vera del Comité y el compañero Pablo Moyano de la CGT, porque entendemos que esto es un flagelo social. Si los actores de la sociedad no nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar con trabajadores en la marginalidad social en este sector. Entra a jugar la solidaridad entre las organizaciones gremiales, como el convenio con Camioneros que permite que todos los camiones tengan calcos de la línea 145 de denuncias de trata y con Gustavo Vera con todo su equipo y un apoyo incondicional de la Iglesia que nos fortalece para poder revertir esta situación".

Gustavo Vera afirmó: "Hace 9 años, en este mismo lugar, por iniciativa del entonces secretario general de la CGT, Hugo Antonio Moyano, lanzamos la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo, cuando se conmemoraban los 200 años de la Asamblea del Año XIII, y la CGT sacó un afiche que decía 'con un feriado no alcanza, lo que hay que hacer es empezar a combatir mancomunadamente contra el trabajo esclavo'. Dentro de las denuncias, que fueron alrededor de 400, a través de las cuales se rescataron un montón de trabajadores, en el ámbito textil y rural, una en particular hoy está yendo a juicio oral, que es una causa en un establecimiento rural, donde el juez federal Santiago Inchausti incautó un campo para que los propios trabajadores siguieran trabajando, y se mejoraran sus condiciones de trabajo. Esto ocurrió en una causa en el interior de Mar del Plata".

Vera agregó: "Hay que volver a instalar un tema que tiene que ver con la dignidad de las personas y con lo que fue el preludio del 17 de octubre de 1945, que fue el 8 de octubre de 1944, el Estatuto del Peón Rural que reconoció los derechos y dignidad de los trabajadores en el campo que antes eran tratados como basura, pero hay empresarios que pareciera que quieren volver a 1943. Hay que decirles que por acá pasaron el Estatuto del Peón, las leyes integrales contra trata, acá está la CGT, y vamos a dar batalla mancomunadamente para erradicar la esclavitud en la Argentina. Quiero recordar además, que el Ministerio de Trabajo, la CGT, con todos sus secretarios generales, el Comité, y el Consejo Federal del Trabajo, firmamos un acuerdo global para empezar a monitorear todas las ramas de la producción de la Argentina, para erradicar la esclavitud definitivamente de todas las ramas de la economía".

A su turno, el juez federal, Santiago Inchausti, vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales, reflexionó: "Hay que indemnizar integralmente a las víctimas, pero la indemnización es también un desafío, ya que es algo que va a llegar después de mucho tiempo, una vez que haya una sentencia firme, pero qué hacemos mientras tanto, desde el allanamiento hasta la sentencia, qué hacemos con las víctimas?. Ahí me gustaría contarles una experiencia que hemos tenido en el juzgado, en un campo en el cual, cuando ingresamos, encontramos muchas víctimas en situación de explotación laboral. Primero hicimos una inspección del lugar, personalmente me constituí en el lugar junto al personal del juzgado, la fiscalía, la oficina de rescate, y asistimos y escuchamos a las víctimas, cuáles eran sus necesidades, y ahí nos dimos cuenta de que querían quedarse en el lugar porque hacía tiempo que vivían ahí, entonces decidimos intervenir judicialmente el campo, para revertir esa situación de explotación que tenían, intervenimos la empresa y en pocos meses ya estos trabajadores estaban registrados, pasaron a cobrar un salario de acuerdo a la ley, a tener ART, aportes jubilatorios, se mejoró su situación habitacional y de alimento y agua potable. Esto permitió que se revirtiera la situación de las víctimas. Pero esto no lo puede hacer solo el Estado, porque no tiene las herramientas, ya que eran casi 200 personas. Ahí fue fundamental el aporte de la sociedad civil, a través ONG's, en este caso La Alameda, que sugirió como veedores a especialistas de la CGT, que, a través de su Secretaría de DDHH, nos dio un ingeniero agrónomo y una contadora que se encargaron de participar de la intervención para restablecer los derechos de las víctimas. Esto permitió en poco tiempo que los trabajadores logren tener un salario digno, decente, y que mejoren sus condiciones de producción. Si ese campo, el día de mañana hay una sentencia condenatoria, va a pasar a ser parte de la indemnización de los trabajadores y no tenía ningún sentido que dejara de producir porque podía provocar un perjuicio para las víctimas. En esa experiencia, gracias a la alianza entre sindicatos, ONG's, y el Estado, se restablecieron los derechos a los trabajadores, algo de lo que ya hablaba el Protocolo de Palermo".

La Dra. Laura Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata expresó: "Para la lucha contra la trata y la explotación es fundamental un trabajo mancomunado de parte del Estado, la Justicia, la sociedad civil y los sindicatos. El Ministerio Público Fiscal tiene una obligación primordial no solo de perseguir y sancionar este delito, sino también en proteger y reparar a las víctimas. Esta es una función fundamental que debe guiar nuestra actuación desde el inicio del proceso penal e incluso antes. En materia de trata laboral uno de los mayores desafíos es la diferenciación de casos de trata de situaciones irregulares de trabajo. En general las condenas por trata laboral son mucho menores que las de trata con fines de explotación sexual, ya que distintos sectores del Poder Judicial son reacios a aplicar la figura teniendo en cuenta la alta pena prevista. Casos que pueden ser configurados como trata de personas son tratados como cuestiones de trabajo informal o empleo en negro y son sacados del ejido de la justicia penal".

Por su parte, el Dr. Marcelo Colombo, fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas profundizó estas definiciones, añadiendo: "La sanción de la Ley de Trata vino a poner sobre la mesa y a plantear una discusión a puertas adentro de los tribunales para ver cuándo estábamos en condiciones de afirmar que había una situación de trata que es como decir que hay una situación de trabajo forzoso con reducción a la servidumbre y cuándo no, cuándo hay una relación laboral abusiva o irregularidades en la relación laboral. Tuvimos en cuenta esto al fijar pautas. La primera es cuánto tiempo trabaja, la segunda cuánto es la paga, y tercero las condiciones de contexto bajo las cuales se realiza la actividad. Esas tres circunstancias nos van a llevar a plantear como fiscales y ante un juez que hay un caso de trata laboral. Empezamos a trabajar con una lista de indicadores, en la que no todos valen lo mismo. Por ejemplo, si el trabajador ha sido engañado con una falsa promesa, y en el sector agrario ese engaño era no decirle siquiera cuánto iba a ganar, y esto es un indicador fuerte. Otro indicador objetivo tiene que ver con el concepto de servidumbre por deuda, donde el trabajador está en una relación de dependencia y se le empiezan a descontar asignaciones y a endeudar elementos que por ley no deben ser deducidos de la relación laboral, lo que implica un endeudamiento inducido, por ejemplo la compra de productos por encima del precio de mercado en un lugar que pertenece al mismo propietario o el pago del propio alojamiento. Otro indicador es el control de la movilidad, si tiene que pedir permiso para salir incluso cuando no está en jornada laboral. También la restricción de las comunicaciones. La imposibilidad real de decir basta a la relación laboral, por ejemplo por motivos de distancia. El abuso psicológico y la presión psicológica sobre el trabajador. La vulnerabilidad, por ejemplo en el caso de migrantes. Contactos limitados con familiares. Hay fallos internacionales, como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habla de la sensación de miedo que se genera a puertas adentro de estos lugares de explotación".

También sostuvo que "en las relaciones laborales hay un abanico amplio en el cual en una punta está el cumplimiento absoluto de las reglas laborales y en el otro extremo están el trabajo forzoso y la reducción a la servidumbre. En el medio, hay muchas soluciones que no tienen que ver con el derecho penal y los sindicatos son los lugares más apropiados para llevar adelante las soluciones a las infracciones laborales que no entren dentro de la trata y trabajo forzoso, pero que merecen una solución. Mientras exista una alta informalidad laboral seguramente ese es el riesgo más alto para enfrentar y prevenir adecuadamente las situaciones de trabajo forzoso y reducción a la servidumbre. Lo ha dicho la relatora para la trata de personas de Naciones Unidas que es absolutamente vital la asociación y registro formal de los trabajadores para mejorar estos indicadores".

Asimismo, Gabriela Fernández, jefa de la oficina en la Argentina de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), explicó: "Argentina tiene una posición progresiva en el cumplimiento de los derechos humanos. La Ley de Migraciones en la Argentina reconoce el derecho humano a migrar y pone en igualdad de condiciones a nacionales y extranjeros en relación a los derechos. Los extranjeros gozan de acceso a la justicia, educación y servicios públicos. Argentina es además un país eminentemente receptor de migrantes dentro de la región. Hay una situación especial de vulnerabilidad de los migrantes, que son personas que salen de su país buscando mejorar sus condiciones sociales". Y celebró: "En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, se sentaron las bases para una red regional de cooperación de mesas nacionales que llevan adelante la lucha contra la trata en diez países de la región. Vamos a seguir contribuyendo a este intercambio de información, al fortalecimiento de la persecución y la cooperación transfronteriza, apoyando a la sociedad civil y a los mecanismos de reparación. Renovamos nuestro compromiso para este abordaje integral que necesita el involucramiento de todos nosotros".

Por su parte, Gustavo Ponce, del Punto Focal para trabajo infantil, trata y trabajo forzoso de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sostuvo: "Esta reunión es muy importante por la coordinación de esfuerzos entre el Comité y las políticas y acciones sindicales, que funciona armónicamente cuando se coordina con las políticas de Estado. La OIT está hoy cerca, con los trabajadores y los gobiernos, queremos acompañarlos con el diseño de acciones concretas para la prevención y erradicación de la trata y todas las formas de explotación laboral. Estamos para acompañar y ser proactivos en estas políticas de Estado y en delinear un camino hacia adentro de las organizaciones sindicales. Quisiera poner signos de pregunta a esa frase que dice que los únicos privilegiados son los niños. Tenemos al 50% de los niños en la pobreza, 10% trabajan, en el agro es el doble, la edad promedio de ingreso en el mercado de trabajo es de 10 a 11 años. Hay muchas inequidades".

Cerró la serie de disertaciones del Seminario, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, de la Academia de Ciencias del Vaticano, denunciando la visión neocolonialista que cosifica a las personas. Resaltó la dignidad de las personas y que los cuerpos no se compran, ni se venden: “El dinero que se saca de las distintas formas de esclavitud, se estima a nivel mundial en alrededor de ciento cincuenta mil millones de dólares. De modo de que es tan importante como la venta ilegal de armas. Es la dictadura monetaria, que hoy ha aumentado y el Papa la llama 'neocolonialismo'. Este neocolonialismo busca hacernos a todos esclavos. De una manera mayor, que son estas distintas formas de trata, o de un modo menor: que seamos todos instrumentos de una máquina, que produce dinero para los poderes de turno. ¿Por qué hoy tenemos el concepto de dignidad humana y decimos que está fundada en que los seres humanos son libres y responsables? Hegel, que no era católico, dice que Cristo trajo la idea que todos somos hijos de Dios, tenemos un mismo Padre, esta es nuestra dignidad. Digo esto para tratar de asumir nuestras propias responsabilidades. Somos los únicos que nos podemos defender. Especialmente los sindicatos, que tienen valores, que todavía creen que el ser humano tiene su dignidad, porque tiene libertad. Porque aquí se atenta contra la libertad del ser humano. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, organizando a la familia, en la educación de nuestros hijos en valores, en la honestidad y la ética de la vida, considerar al otro persona como yo, y no como un medio para que yo me haga rico. Y como dijo la Constitución de Francia sobre las nuevas formas de esclavitud, el cuerpo humano no se puede vender. El comercio es fundamental, pero no del cuerpo humano, ni en parte, ni en todo. Se da solo libremente y por amor".

Luego de escuchar sus palabras, los secretarios generales de la CGT presentes entregaron una placa de reconocimiento a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, “por defender la lucha por la dignidad del Movimiento Obrero Organizado”.

Pablo Moyano, manifestó que se va a elaborar un documento con "un llamado público desde la casa de los trabajadores, a través de Marcelo Sánchez Sorondo, pidiéndole a nuestro papa Francisco que visite nuestro país, ya que los trabajadores y trabajadoras argentinas lo necesitamos en este momento".

De esta forma, concluyó un histórico encuentro, que demostró la enorme potencialidad del trabajo en red, mancomunado, entre organismos del Estado, sindicatos, organismos internacionales y sociedad civil, para desarrollar y profundizar estrategias que permitan un mejor combate al delito de trata y explotación de personas, y garantizar la asistencia integral y protección a las víctimas.