Durante la actual gestión del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de personas, que abarca el período 2020-2023, y bajo la dirección operativa de Gustavo Vera, fueron rescatadas 5075 víctimas de trata, 1552 solo entre enero y octubre de 2023, las que luego recibieron distintas formas de asistencia con el objetivo de restituir sus derechos y recuperar un proyecto de vida.

De acuerdo a la información estadística que provee el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, 933 personas fueron rescatadas durante 2020, 1404 en 2021, 1186 en 2022 y 1552 en lo que va del presente año.

Dentro de las políticas públicas de asistencia a las víctimas, se destaca la ejecución de programas que son parte de los distintos ministerios que integran el Comité:

• El Programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en articulación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Ello incluye como destinatarias a personas damnificadas por la problemática de la trata. Durante el periodo que va desde noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2023, 3.244 mujeres y LGBTI+ víctimas de trata fueron destinatarias del Programa Acompañar. Del total, 794 personas fueron víctimas de explotación con fines laborales y 1.494 fueron víctimas con fines de explotación sexual. Mientras que 956 fueron víctimas de otros fines de explotación.

• El Programa Restituir, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, promueve el proceso de autonomía de las personas víctimas del delito de trata, para el diseño de su proyecto de vida, mediante una prestación económica específica que permita cubrir necesidades básicas durante el proceso de fortalecimiento de dicha autonomía. Está destinado a personas que sean asistidas por los Puntos Focales que integran la Red Federal de Asistencia por haber sido víctimas del delito de trata. Durante el año 2023 se tramitaron 101 Potenciar Trabajo y 28 Ayuda Urgente. Cabe destacar que durante el período 2020-2022 se otorgaron 330 Potenciar Trabajo y 25 Ayuda Urgente. Actualmente la Nación cuenta con un Refugio que depende de la SENAF. El mismo puede alojar hasta 45 personas.

• El RENATRE aprobó mediante la Resolución 100/2020 el otorgamiento de una Prestación Extraordinaria a trabajadores rurales que sean detectados como víctimas de la presunta comisión del delito de trata de personas, explotación laboral, explotación infantil y/o cualquier otra infracción a la normativa laboral que los vulnere de modo flagrante. Esta prestación económica tiene por finalidad reparar la contingencia del desempleo y otorgarles contención social a las víctimas. El RENATRE otorgó 233 prestaciones extraordinarias durante 2023. El otorgamiento de la Prestación Extraordinaria es por única vez a trabajadores/as rurales que sean detectados como posibles víctimas del delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral. Cabe destacar que más de 1.300 trabajadores/as rurales rescatados fueron beneficiarios de la precitada prestación desde el inicio de esta gestión.

• Acompañamiento terapéutico: el Ministerio de Salud de la Nación tiene la responsabilidad de asistir en todo lo inherente al cuidado de la salud y la promoción de conductas saludables de la comunidad. Como agentes de salud, resulta fundamental la formación y desarrollo de lineamientos comunes para la detección e intervención en casos de trata y explotación de personas. Mediante este dispositivo, y durante la ejecución del Plan Nacional 2022-2024, la Dirección Operativa registró en el año 2023 un total 27 derivaciones para que las víctimas de trata de personas reciban acompañamiento terapéutico en el mismo lugar en el que residen, y 70 derivaciones desde el comienzo de su implementación.

• Acceso prioritario a la vivienda: brindar soluciones habitacionales para las personas damnificadas se constituyó en un eje indispensable para su plena inclusión social. Por primera vez, el Estado Nacional comenzó a dar pasos hacia una política habitacional de largo plazo para las víctimas de trata. Con este objetivo, el Comité viene impulsando el acceso a la vivienda a lo largo y ancho de todo el país, junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y del Consejo Nacional de la Vivienda. Al presente ya son 8 las soluciones habitacionales que se concretaron, y que han sido cedidas a víctimas del delito de trata en Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Misiones y Tucumán. Mientras tanto, están avanzados aproximadamente 50 casos en decenas de provincias prontos a resolverse.

• Patrocinio jurídico: el Ministerio Público de la Defensa, por su parte, brinda asistencia y patrocinio legal gratuito a víctimas del delito de trata de personas, que lo soliciten y acepten, a través de las Defensorías Públicas de Víctima que dependen de dicho organismo.

• Ingreso al programa de formación e inserción laboral: con la creación en el marco del Plan Bienal 2020-2022 del Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para los afectados/as por los delitos de Trata y Explotación de Personas, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se avanzó en el objetivo de reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las personas damnificadas por estos delitos. Para ello, se establecen acciones para fortalecer o adquirir competencias laborales a través de vincular a las personas destinatarias a programas de capacitación e inserción laboral que brinda el MTEySS. Al mismo tiempo, establece una asignación dineraria básica no remunerativa, de hasta un salario mínimo vital y móvil. El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que no posean un empleo formal y que hayan sido relevadas, detectadas, rescatadas o asistidas como víctimas o posibles víctimas de situaciones de trata o de explotación de personas por un organismo público nacional, provincial o municipal, o bien, por una organización no gubernamental (ONG) habilitada. Durante el período diciembre 2022 a octubre 2023 se encuentra en desarrollo la segunda implementación del programa. Son 64 las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual las beneficiarias, esto se traduce en un incremento en relación a las beneficiarias que participaron de la primera implementación del Programa. En el período mayo 2023 a abril 2024 se encuentra en desarrollo la tercera implementación del Programa, la primera de ellas dirigida a varones víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Son 10 los beneficiarios varones, lo que incrementa la cantidad de personas beneficiarias del Programa con respecto a la primera implementación del mismo en el período septiembre 2021 a agosto 2022.

• De manera complementaria al punto anterior, fueron sancionadas tanto leyes provinciales como ordenanzas municipales, impulsadas por el Comité, que favorecen la restitución de derechos para las víctimas con el establecimiento de cupos laborales. Con este objetivo, fueron aprobadas 3 leyes provinciales de inserción y/o cupo laboral, encontrándose proyectos similares en avanzado estado parlamentario en 9 provincias. Asimismo, fueron aprobadas 52 ordenanzas municipales de cupo laboral para víctimas de trata y explotación a lo largo y ancho del país.

• Indemnización mediante fondo fiduciario: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) han instrumentado el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas. El Fondo de Asistencia es un instrumento que tiene como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas. Es importante destacar que desde febrero de 2022 se han realizado un total de 55 restituciones económicas, por un total de $11.917.815,48.

Tal y como se anunció tanto en el Plan Nacional 2020-2022 como en el Plan Nacional 2022-2024, en ejecución, este Comité Ejecutivo se propuso desarrollar sus funciones teniendo en consideración tres ejes fundamentales: generar políticas públicas de restitución integral de derechos, profundizar las investigaciones a partir de la trazabilidad económico tributaria del delito, y fortalecer la articulación federal con las 23 jurisdicciones de nuestro país.