El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó el informe “Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social”, elaborado en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El equipo de investigadores de la institución tomó en cuenta los indicadores y la muestra de su estudio “Enfoque de pobreza multidimensional basado en derechos”, para cruzarlo con un nuevo módulo de preguntas en materia de acceso igualitario a derechos elaborado por el Ministerio de Justicia.

El documento arroja datos estadísticos que permiten medir el vínculo entre el acceso a los derechos y la desigualdad social. Para ello se realizó una encuesta en 5.722 hogares que indagó acerca de las etapas que recorren los ciudadanos para lograr acceder a un servicio legal adecuado, y las situaciones que enfrentan las víctimas de delitos, en particular las de violencia de género.

El resultado es el primer documento de esta naturaleza realizado a nivel global, al querer determinar aspectos fundamentales de la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos) que van más allá del sistema de justicia penal y haciendo especial énfasis en las necesidades cotidianas de justicia civil, y especialmente a las personas en condición de pobreza y los grupos en mayor riesgo.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez, y el director de Investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia.

Del informe se desprende que un 20 por ciento de los encuestados, o sus familiares, han enfrentado en los últimos dos años conflictos difíciles de resolver, y que podrían derivar en problemas legales. Casi el 70 por ciento de ese porcentaje buscó ayuda o acudió a una institución, el 22 por ciento no hizo nada y casi un 8 por ciento intentó resolverlo por su cuenta. Luego de recibir la ayuda buscada, el 62 por ciento se declaró insatisfecho con los resultados obtenidos en relación con el conflicto.

"El estudio muestra una cruda radiografía de la realidad. Desde el Estado y la sociedad civil hacemos un esfuerzo enorme para que las personas, especialmente las más vulnerables, puedan hacer valer sus derechos. Pero los datos nos a obligan a replenatar estrategias, pensar nuevas formas de abordaje y corregir otras para llegar a los que más dificultades tienen. Durante nuestra gestión ampleamos la asitencia legal primaria y con nuestros 93 Centros de Accesos de Justicia estamos presente en todas las provincias. Sabemos que queda mucho por hacer, pero creemos que estamos en la dirección correcta", destacó el ministro Garavano.

Otro punto importante del informe es que el 53,6 por ciento de las personas que tuvieron conflictos difíciles de resolver, no hizo la denuncia correspondiente. Esta conducta fue más frecuente en el conurbano bonaerense y ciudades del interior, generalmente en hogares con carencias.

El porcentaje de las personas con necesidades jurídicas insatisfechas aumenta en el conurbano bonaerense y en grandes áreas metropolitanas y disminuye considerablemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado la insatisfacción se reduce cuando se recurre a un abogado privado.

“Esta dimensión del acceso a la justicia civil es necesaria para que las personas puedan redirigir sus quejas, accedan a sus derechos, y para la realización de una agenda más amplia de desarrollo sostenible. Sin la inclusión de mediciones sobre el acceso a la justicia civil será un desafío aún mayor lograr el monitoreo global requerido para acortar la brecha del acceso a la justicia” indicó la secretaria de Justicia.

El informe es una ampliación de la “Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia”, que presentó el Ministerio de Justicia, donde recopila datos sobre las insuficiencias del sistema judicial y las posibilidades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades jurídicas.

Por su parte, Agustin Salvia aseguró que “el trabajo con el Ministerio de Justicia nos permitió incorporar una dimensión que es transversal y fundamental para ampliar la mirada científico-académica que tenemos de los cambios que están ocurriendo en la estructura social argentina. Es una dimensión que no debería estar fuera de análisis, pero que lo estaba.”

La cartera de Justicia impulsó esta acción en el marco de una mesa de trabajo de expertos conformada por el Grupo Interinstitucional y de Expertos en Indicadores de Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y diversos organismos y agencias estadísticas internacionales, ONG y académicos.