En el marco del plan de expansión de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) se realizó una reunión abierta donde se compartieron los datos estadísticos de la mediación prejudicial en la Ciudad de Buenos Aires, así como un diagnóstico colaborativo sobre las fortalezas y debilidades de esta herramienta transformadora. En la reunión participaron distintos organismos y actores de la sociedad civil y compartieron los datos estadísticos de la Dirección a cargo de Raquel Munt.

El alto nivel de acuerdo en las mediaciones familiares refleja un nivel histórico: alcanza el 51 por ciento. El 83 por ciento de las personas manifestaron que el proceso “contribuyó a transformar positivamente el vínculo” con la otra parte, independientemente del resultado de la mediación.

Los datos los dio a conocer la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, área que dirige Raquel Munt.

Este plan nacional tiene como objetivo “contribuir a la disminución de los niveles de judicialización y conflictividad promoviendo y consolidando la utilización e implementación de los métodos participativos de resolución de conflictos”. Se implementa en ámbitos prejudiciales, judiciales, comunitarios y penitenciarios a nivel federal.

Según explicó la funcionaria, los datos “demuestran el efecto transformador de la mediación prejudicial en términos resultados y también en base al trabajo realizado por los mediadores durante todo el proceso”.

Munt identificó a las fortalezas de la mediación prejudicial en la Argentina: “Un sistema consolidado que permite posicionarnos como proyecto exitoso a nivel internacional, el alto nivel académico de los mediadores, la identidad del modelo de mediación en el país así como el sistema de recolección de datos estadísticos y monitoreo que permite medir y evaluar su desempeño”.

Según estadísticas de la Dirección de Mediación, hay un alto nivel de desjudicialización: el 65% de las mediaciones familiares y patrimoniales finalizadas no derivaron en acciones judiciales. También hubo una reducción en los tiempos de la resolución de conflictos a través de la mediación. Tienen una duración promedio de 80 días en conflictos patrimoniales y 60 días en familiares, mientras que a través de la judicialización los conflictos tardan entre 3 y 4 años en resolverse.

De todos modos, siguen existiendo algunas debilidades. Como “la dificultad para garantizar y asegurar la dedicación exclusiva de los profesionales o el trabajo en solitario de los mediadores, que conduce a generar dificultades para revisar y evaluar la práctica”, explicó Munt.

El plan de expansión de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos es uno de los ejes del Programa Justicia 2020. “Las estadísticas están demostrando el efecto transformador de la mediación, que excede la suscripción de un acuerdo: replanteo del conflicto, reducción de los niveles de conflictividad, visualización más realista de las posibilidades de sus reclamos”, detalló Munt.