Desde enero de 2016 a diciembre de 2018 se realizaron 232 nombramientos en el Poder Judicial: 169 jueces nacionales y federales, 29 fiscales de la justicia nacional y federal y 36 defensores públicos, gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo de la Magistratura de la Nación, los ministerios públicos y el Senado de la Nación. Hay otros 88 pliegos en la Cámara alta para ser tratados y lograr cubrir las vacantes existentes. El nombramiento y designación de jueces titulares es fundamental para fortalecer la independencia del Poder Judicial.

Los nombramientos de fiscales, jueces y defensores fueron aumentando año a año. En 2016 fueron 41. En 2017, 76. Y en 2018, 115. En total son 232 designaciones en los últimos tres años.

La cobertura de vacantes en diversos cargos del Poder Judicial contribuye a generar un sistema judicial más eficiente y justo, ya que se tratan de vacantes que desde hace años no eran cubiertas.

Los últimos 23 pliegos se aprobaron en el Senado a mediados de diciembre. Así, se logró durante 2018 el nombramiento de 115 magistrados: 93 jueces, 10 fiscales y 12 defensores. En 2017 se designó a 50 jueces, 9 fiscales y 17 defensores. Y en 2016 fueron 24 jueces, 10 fiscales y 17 defensores.

Cómo se accede al cargo

El proceso de un concurso para ser magistrados empieza en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en la Comisión de Selección. La primera parte consta de exámenes escritos y orales, entrevistas personales y pruebas psicotécnicas. A partir de ellos se realiza un “orden de mérito”.

La Comisión de Selección elabora luego una tentativa de terna: los candidatos entre los que luego se definirá el acceso al cargo. Una vez aprobado, el dictamen pasa al plenario del Consejo, que debe aprobarlo por mayoría especial. Recién ahí la terna pasa al Poder Ejecutivo, que es el que elegirá al candidato que considere más apto para el cargo. Luego el pliego va al Senado. Si ese órgano legislativo aprueba el pliego, éste vuelve al Ejecutivo, que debe publicar el decreto de designación del candidato y convertirlo oficialmente en juez.

En el caso de los fiscales, el concurso se centra exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición y de antecedentes, que realiza un tribunal colegiado. La etapa de oposición consta de dos pruebas: un examen escrito y luego, una vez obtenido los resultados, se accede al examen oral.

Existe un tribunal evaluador (integrado por cuatro fiscales y un jurista invitado) encargado de evaluar a los postulantes. Todo el trámite de los concursos es realizado por la Secretaría de Concursos del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, se envía al Ejecutivo una terna que seguirá los mismos pasos que en el caso de los jueces.

En el caso de los concursos de defensores, la Defensoría General de la Nación tiene una Secretaría de Concursos que asiste y colabora en los procesos de selección de candidatos. Las ternas aquí también son elevadas al Ejecutivo, que deberá elegir uno de los candidatos y enviar su pliego al Senado para que preste acuerdo con la designación.

Por su parte, el Ministerio de Justicia publica en diarios nacionales y locales los concursos y las ternas para cada vacancia de candidatos en cada caso. Así, puede recibir la opinión de la población, de la sociedad civil y de los colegios de abogados.

Finalizado el procedimiento de transparencia, el Ministerio remite al Presidente de la Nación un candidato por vacante, y este a su vez lo envía al Senado para su consideración y aprobación. Actualmente, hay otros 78 pliegos en la Cámara alta que aguardan su tratamiento.