Elaborada por los 14 organismos especializados que forman parte del Comité presidido por el ministro Soria y articulada por la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia, a cargo de Agustin Carrara, la Estrategia Nacional aprobada define acciones concretas articuladas entre los distintos Poderes del Estado para fortalecer el sistema nacional de prevención, detección, persecución y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de incrementar la eficacia de la política criminal y proteger al país y la sociedad del daño que producen estos fenómenos criminales.

Las políticas públicas y las acciones concretas contenidas en la primera Estrategia Nacional se implementarán desde esta aprobación y culminarán el 31 de diciembre de 2024. La Estrategia diseñada por el Comité consta de diez objetivos generales con sus consecuentes objetivos específicos para dar respuesta de forma integral a las distintitas amenazas criminales y vulnerabilidades del Estado argentino. Entre los objetivos perseguidos por la Estrategia Nacional se encuentra, entre otros: armonizar del marco normativo nacional en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo con los estándares internacionales; fortalecer la detección, investigación y sanción de estos delitos; y fortalecer el control tanto de las personas como de las estructuras jurídicas y la identificación de los beneficiarios finales.

Participaron de la reunión, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Rodolfo Ferraro; el titular de la Dirección de Investigación Financiera de la AFIP, Alejandro Strega; la titular de la dirección de Prevención de Lavado de Activos del Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), Karina Adam; el subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad, Marcelo Leyria; el Embajador Holger Martinsen, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la gerenta de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, Regina Cerone; el gerente principal de cumplimiento ante la UIF del Banco Central, Germán Saller, y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, Gimena del Rio.

También participaron del plenario, el titular de la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), Juan Tomás Rodríguez Ponte y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; y en representación del Ministerio de Justicia de la Nación, el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta y el director de Asuntos Internacionales, Juan José Cerdeira, y representantes de la Agencia Federal de Inteligencia.

Durante la apertura del plenario del Comité, el ministro Soria en su carácter de Presidente, felicitó a “todos y todas por el trabajo profesional y articulado en el marco de este Comité que nos permite aprobar la Primera Estrategia Nacional para dar respuesta a las vulnerabilidades y amenazas criminales que nuestro país enfrenta”.

En su intervención, Soria hizo un repaso del camino recorrido por Comité para lograr el diseño y aprobación de la Estrategia Nacional: “El logro de hoy es la culminación de un largo proceso de trabajo. Al iniciar esta gestión, Argentina no contaba con una Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos ni contaba con Evaluación Nacional de Riesgos de financiamiento del terrorismo actualizada.

Gracias al trabajo metódico y coordinado en el marco de este Comité en junio pasado logramos el primer hito histórico, al aprobar la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos en la historia del país, para luego actualizar la Evaluación sobre financiamiento del terrorismo los primeros días de septiembre. Gracias a esas dos herramientas que son la base de la Estrategia Nacional que hoy estamos aprobando, logramos definir acciones concretas que permitirán hacer frente de manera conjunta y coordinada a las amenazas y vulnerabilidades que Argentina enfrenta y proteger al país y la sociedad del daño que produce el crimen organizado”.

Los presentes coincidieron en que el documento aprobado implica contar con una herramienta inédita que identifica detalladamente las políticas y acciones concretas que deben implementarse hasta el 31 de diciembre de 2024 para lograr fortalecer el sistema nacional de prevención, detección, persecución y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Estrategia Nacional aprobada por el plenario del Comité es un requisito indispensable para cumplir los compromisos internacionales de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo asumidos por nuestro país, en miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2023. De acuerdo a lo previsto en los estándares internacionales establecidos por el GAFI los países deben identificar y evaluar los riesgos vinculados a estos delitos, para luego definir e implementar las políticas públicas que permitan mitigar efectivamente los riesgos identificados.

Agustín Carrara, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, afirmó: “En un contexto complejo, este documento refleja un fuerte compromiso del Comité para diseñar políticas públicas de manera interinstitucional y apuntadas a nuestra realidad político criminal. Agradezco especialmente al equipo de la Coordinación y a los de todos los demás organismos, que han mostrado estar a la altura del desafío, combinando solidez metodológica con celeridad”.

Al igual que se hizo al aprobar las Evaluaciones Nacionales de Riesgo, el Comité aprobó una versión completa y reservada de la Estrategia Nacional y una versión pública que a continuación se presenta. En este documento se adelantan algunos de los hallazgos de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo, que se desarrollarán con mayor detalle cuando se difundan las versiones públicas en las próximas semanas (conforme establecen los Decretos 652 y 653/2022).