Liderado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, se realizó el XIII Consejo Federal contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y Protección a las víctimas con la participación de consejeros y consejeras de todas las provincias y los delegados de los organismos asociados como la Corte Suprema, Protex, Ministerios de Trabajo, Seguridad, Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social /SENAF, OIM y OIT, entre otros.

Durante el mismo se expuso, debatió y aprobó el plan bienal 2020-2022 elaborado por el Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de personas, dirigido por Gustavo Vera que había sido finalizado a fines de setiembre de este año en cumplimiento con el artículo 22 de la ley 26842.

El plan bienal comprende 100 acciones a desarrollar contra la trata y a favor de las víctimas en el período 2021-2022 en materia de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional.

Fue elaborado coordinada y consensuadamente con 44 organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.

Se propone mejorar cualitativamente la asistencia a las victimas rescatadas de redes de trata mediante el establecimiento de cupos de reinserción laboral en el ámbito del Estado; un estatuto especial de acceso a la vivienda; el fortalecimiento de los planes de apoyo; la extensión de los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad; la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del INTA; la reparación mediante bienes incautados a las redes de trata ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y el fortalecimiento y puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para disponer de los bienes decomisados en beneficio de las víctimas de trata.

También el plan se enfoca en profundizar las investigaciones sobre las redes de trata, siguiendo la ruta del dinero con la colaboración activa de la UIF y la AFIP en las investigaciones y querellas ante la justicia y estableciendo las conexiones entre los delitos de trata y lavado de activos a fin de promover ante la justicia el decomiso de los fondos de estas redes para reparar a las víctimas de explotación.

El plan establece capacitaciones y políticas de prevención en materia de tráfico de órganos, tejidos y fluidos en colaboración estrecha del Comité con las autoridades del INCUCAI: También se propone avanzar con el parlamento en la tipificación de los delitos de compra y venta de bebes, niños y adolescentes.

En materia de investigación y propuestas de políticos de prevención, se asume el desafío de estudiar pormenorizadamente la relación entre grooming y trata y como las redes delictivas se valen de los medios virtuales crecientemente tanto para el reclutamiento como la explotación. Se propone avanzar también en la investigación y sistematización de indicios en los casos de las organizaciones coercitivas, llamadas “sectas” que tienen fines de explotación laboral o sexual.

Hay un capítulo muy fuerte dedicado a la reconstrucción de la presencia del estado en el ámbito rural para prevenir la trata laboral, el trabajo forzado y la explotación infantil, la realización de mapeos de zonas conflictivas y la promoción de auditorías en las cadenas de valor para avanzar en certificaciones de productos que sean libres de explotación.

El plan también se enfoca en el fortalecimiento institucional promoviendo la federalización del trabajo en red mediante la constitución de redes interinstitucionales del Estado nacional y los Estados provinciales, acuerdos con los municipios y con organizaciones de la sociedad civil.