El convenio de cooperación, asistencia técnica, información y capacitación alcanzado entre los ministros Soria y Latini, permitirá a la provincia de San Luis recibir, sistematizar, cotejar, transmitir y colaborar con información concerniente a niñas, niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce.

El acuerdo prevé la realización conjunta de capacitaciones para las instituciones intervinientes, así como campañas de difusión y acciones coordinadas que tenga por objeto la prevención, el resguardo, la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia, en articulación con el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, establece la necesidad de contemplar las particularidades locales de la población de niñas, niños y adolescentes de San Luis en la implementación de proyectos, capacitaciones y programas conjuntos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación registró 2.019 búsquedas de paradero en todo el país en lo que va del año. De las cuales, el 11,6% proviene de la región de Cuyo. Particularmente, desde la provincia de San Luis, se informaron 10 nuevos casos de búsqueda durante el 2023.

El ministro Soria manifestó: “La articulación federal permite fortalecer las políticas implementadas desde la Nación, ampliando su alcance y acercando las respuestas del Estado a los y las argentinas. La protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad a garantizar en nuestro país , por ello desde el 2003 se implementó esta política pública, abandonada entre 2016 y 2019, para optimiza la respuesta del Estado Nacional poniendo a disposición de las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales provinciales información y las herramientas tiene el Registro Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

Este es el décimo convenio de similares características firmado por el ministro Soria, ya que desde el 2022 se suscribieron acuerdos con las provincias de Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Catamarca, La Pampa, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Formosa.

La política impulsada por el ministro Soria tiene el propósito de restaurar la operatividad y eficiencia que la cartera de Justicia y Derechos Humanos había alcanzado entre 2003 y 2014, gracias a la articulación con distintos organismos nacionales y provinciales pero que fue abandonada a partir del año 2016, generando que el Estado Nacional perdiera capacidad de respuesta ante casos de niños, niñas y adolescentes extraviados en todo el país.

Creado en julio de 2003 a partir de la sanción de la Ley 25.746, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) es una base de datos que recibe y releva la totalidad de la información referida a las denuncias de búsquedas de paradero, hallazgos, notificaciones de búsquedas dejadas sin efecto y cualquier otro tipo de comunicación. Quienes informan los casos al Registro son las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Desde su creación, el Registro impulsó convenios para la articulación con otras entidades, como municipios, registros provinciales y organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En agosto del 2023 se dispuso la creación de un “Registro Legajo Multipropósito” que permite sistematizar de forma online las órdenes de búsquedas de niñas, niños y adolescentes extraviados que son comunicadas por las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales al RNIPME. Este Registro contiene un buscador general que permite al equipo de trabajo definir variables de entrecruzamiento que garanticen un óptimo seguimiento de los casos y una confiable y rápida obtención de estadísticas.

Participaron de la reunión la Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Gimena del Rio, y la coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Luz Palmas Zaldua.