“Desde el programa Argentina sin Narcotráfico estamos trabajando para armar equipos de fiscales federales y provinciales para que lleven adelante la investigación de delitos complejos. La gente no distingue entre Estado nacional y provincial, quiere una respuesta ante esta problemática y esta es una forma de empezar a responder”, explicó el subsecretario de Justicia y Política Criminal de la Nación, Juan José Benitez.

El funcionario realizó estas declaraciones en el marco de la charla que, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dieron dos integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile para fiscales federales y provinciales. Justamente, pusieron de manifiesto las dificultades que existen para llevar a cabo este trabajo.

Los especialistas de la fuerza policial del país vecino que participaron fueron el subprefecto Pedro Muñoz, jefe del Centro Nacional de Análisis de la Policía de Chile, y el subprefecto Mauro Mercado, coordinador del programa Microtráfico Cero.

“Lo que veo en la Argentina es que, con algunas excepciones, no se están integrando los datos. La falta de integración entre las justicias provinciales y las federales a veces son un problema para combatir estos delitos”, explicó Muñoz.

En la charla destacaron qué herramientas les permitieron lograr una efectiva investigación del delito de narcomenudo o venta minorista de droga. Fundamentalmente, la integración de la información: el cruce de datos que permite que las investigaciones no se pisen entre sí y funcionen de manera colaborativa.

“La mayor herramienta que tenemos para perseguir el microtráfico es la integración de nuestros datos. Esto ayuda a que no tengamos dobles investigaciones: que no haya un fiscal investigando un caso y otro haciendo lo mismo en diferentes partes del país; no gastar recursos en investigaciones paralelas. Esta ha sido la mayor potencialidad y lo que queremos transmitir es que la única forma de combatir el crimen organizado, la trata de personas y los delitos complejos es necesariamente con un abordaje integrado”, destacó Muñoz.

Una enfermedad social

Su colega Mercado agregó: “Lo que llevamos a cabo no es un éxito de persecución policial o de secuestro de cantidades de droga; es ser un ‘doctor social’. Nos enfrentamos a una enfermedad social, porque el consumo y el tráfico se tratan de eso”.

Y agregó: “Hoy nos insertamos en los sectores en los que se encuentran los puntos de venta porque es allí donde la gente no puede vivir tranquila, los niños no pueden jugar en la calle. Por eso es necesario que nuestras fuerzas policiales se convenzan de que somos servidores públicos y de que tenemos que ir en ayuda de estas personas que están atrapadas por el narcomenudeo o microtráfico”.

Benitez identificó, por su parte, las otras herramientas que se pusieron al servicio de la lucha contra el narcotráfico desde 2016: la Ley de Flagrancia, los juicios unipersonales o la Ley de Arrepentido, entre otras.

A su vez, el hecho de brindar más recursos al Programa de Protección de Testigos e Imputados provocó que más gente solicitara incorporarse a esta iniciativa, brindando información clave para resolver casos de crimen organizado, de trata de personas y de delitos complejos.

“Hemos pasado de un promedio de 40 casos por año –que se admitieron en el Programa- a más de 150, con una gran cantidad de incorporaciones relacionadas con causas por narcotráfico: aumentaron un 115%”, observó Benitez.