Las provincias de Salta y Jujuy están afectadas por delitos complejos, relacionados con el narcotráfico, el contrabando y muchos más que se desprenden de éstos. Por ello, los métodos para investigar también deben avanzar. Así, el pasaje a un sistema acusatorio parece una necesidad inevitable a esta altura. En este sentido es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está llevando a cabo capacitaciones para operadores de estos servicios de justicia provinciales.

A través de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, y con el apoyo del Ministerio de Seguridad, se capacitará a jueces, fiscales y operadores judiciales en general. Pero también entrarán en este esquema los integrantes de las fuerzas de seguridad, cuyo rol en la reforma Procesal Penal muchas veces queda de soslayo y, sin embargo, son una de las variables más importantes para llevarla a cabo.

“Cerca del 46% de las causas que tramitan en la Justicia Federal de esas provincias se inicia por algún procedimiento de Gendarmería en Salta o Jujuy, siendo los delitos principales el narcotráfico, con un 35% del volumen de las causas, y contrabando, con un 23%. Pero a esto hay que sumarle delitos que se derivan de éstos, como la falsificación, que llega al 40% del volumen de causas. Entonces, estamos hablando de que un 80% de que los casos que llegan a la Justicia lo hacen a través de Gendarmería”, explica Ariel García Bordón, coordinador de la Unidad de Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia y uno de los encargados de llevar adelante estas capacitaciones.

Los números se desprenden de un relevamiento propio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizado entre marzo y mayo de este año con la colaboración del Consejo de la Magistratura, sobre causas federales iniciadas en las provincias de Salta y Jujuy durante el año 2015.

Uno de los objetivos de estas capacitaciones es marcar de qué forma las fuerzas de seguridad trabajarán con el nuevo ordenamiento procesal para el fuero penal.

“Estas fuerzas pasarían a convertirse en ayuda de los fiscales. Hoy, un gendarme que toma conocimiento de algún caso se comunica con el juez; con el nuevo Código Procesal Penal la comunicación es con el fiscal, el juez toma conocimiento de los hechos en el marco de la audiencia”, explicó García Bordón.

Encuentros hasta 2019

El coordinador de la Unidad consignó: “El trabajo y la comunicación va a ser con el fiscal, que va a pedir elementos para la investigación, a la vez que la Gendarmería va a tener que proponer líneas de investigación, dado que en Salta y Jujuy es la fuerza que más conoce el campo y más despliegue territorial tiene. En consecuencia, son los primeros en estar en los lugares donde ocurren los hechos”.

Para preparar este terreno, los ministerios nacionales de Justicia y Seguridad llevarán a cabo 270 encuentros desde este mes hasta abril del año que viene para los más de 3000 integrantes de las fuerzas de seguridad en el noroeste argentino.

Finalmente, García Bordón precisó que “no hay un antecedente en la región a tan gran escala de implementación en lo referente al relacionamiento entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal en materia de reforma Procesal Penal”.

“En general –agregó- cuando se habla de fuerza de seguridad en otros países se trata de una a dos fuerzas como mucho. Nosotros contamos con Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica y Policía Federal, que son también las fuerzas que, en mayor o menor medida, asisten a las fiscalías federales en cuanto a investigación”.