Desde el comienzo de la gestión de Germán Garavano al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, uno de los objetivos planteados fue la sistematización y mejoramiento de las estadísticas y la información en materia judicial. Diferentes áreas de la cartera se encargaron de la tarea, y en cuestiones penales, la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal llevó adelante una tarea, aún sin completar, en este sentido.

Por eso, desde esta área del Ministerio dirigida por Juan José Benitez, se elaboró el “Informe del sistema penal argentino”, un documento de 197 páginas que funciona como una radiografía del servicio de Justicia de este fuero.

El informe detalla, entre otros puntos, qué provincias usan el sistema acusatorio, dónde existen cuerpos de investigación judiciales –también conocidos como policía judicial-, el repaso de la normativa en materia procesal y muchas otras cuestiones que brinda un panorama acabado de en qué estado se encuentra hoy el servicio de Justicia Penal.

Un diagnóstico de la normativa

“El informe tiene dos partes: una que es una recopilación de la normativa de las provincias, donde lo que se buscó fue sistematizar la información que estaba dispersa acerca de los sistemas procesales de las justicias provinciales; y otra parte del informe tiene un recorte del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), con información acerca de cómo está compuesta la Justicia Penal en materia de, por ejemplo, género”, explicó Lucas Salerno, asesor de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal.

El SNEJ lo elabora todos los años la Dirección Nacional de Legislación Penal y Política Criminal, que depende de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal.

Salerno destacó que “es una de las primeras publicaciones que tiene un diagnóstico completo a nivel país de la situación normativa de todas las provincias en materia penal”.

“Lo que tenemos siempre es información dispersa en cada provincia, pero usualmente nos falta el panorama de situación a nivel macro para tomar decisiones en materia de políticas públicas”, agregó el asesor.

Del informe se pueden establecer muchas conclusiones para dibujar el mapa de la Justicia Penal: en la mayoría de las provincias se avanzó en la implementación del sistema acusatorio, pero son pocas las que cuentan con el instituto del juicio por jurados; y, en menor proporción inclusive que el juicio por jurados, aparecen aquellos poderes judiciales que pusieran en práctica la policía judicial.

Salerno también recordó que en el documento figuran las fuentes de dónde se recogió la información de los diferentes sistemas de justicia penal, y que estos datos fueron validados por todas las provincias.