En la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno la ciudad de Buenos Aires se realizó el primer encuentro de la Mesa Interinstitucional de lucha contra la Trata y Explotación de Personas, donde confluyen organismos de CABA, Nación y judiciales para coordinar acciones que aumenten la eficacia en la prevención y persecución del delito de trata, y en la protección y asistencia a las víctimas.

El encuentro fue coordinado por el director ejecutivo del Comité nacional de Lucha contra la Tata y explotación de Personas, Gustavo Vera, el subsecretario de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario del GCBA, Mauricio Giraudo; la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del GCBA, Pamela Malewiksz, y la directora general de la Mujer del GCBA, Carolina Barone.

Por parte del Estado nacional participaron: Guillermina Benito, directora del Área de Detección Temprana de Trata y Tráfico de Personas de la Dirección Nacional de Migraciones; Pilar Fiuza Casais, coordinadora de Apoyo y seguimiento a las políticas de Trata del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; María Marta Castellano, responsable del área de Adolescencia y Familia de SENAF, del Ministerio de Desarrollo Social; Natalia Kijedkouchian, del área de trata del Ministerio de Seguridad; Laura Sola, integrante del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia; Carlos Sosa, jefe de la División contra el Trabajo Ilegal de AFIP; Natalia Percario, en representación de la CNRT del Ministerio de Transporte; y Tamara Rosenberg, Pilar Goldmann y Luis Irigoyen por el Comité Ejecutivo contra la Trata.

En representación de organismos de CABA, además de los anfitriones, estuvieron presentes: Mariana Di Palma, directora de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA; Cristian Moreno, jefe de la División de Trata de la Policía de la Ciudad; Fernanda Corvalán, coordinadora del Refugio para Víctimas de Trata; Facundo Ramírez, del Centro de Asistencia a la Víctima; y Bárbara Bonelli, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

También estuvieron presentes Marcos Parera, secretario de Protex del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Patricia Obeid del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de la Nación, y Natalia Roseti, de la Defensoría del Público.

La organización estuvo a cargo de Facundo Ramírez, del Centro de Asistencia a la Victima de GCBA, y Tamara Rosenberg, delegada del Comité Ejecutivo de CABA.

Luego de un informe sobre el estado de ejecución del Plan Bienal 2020-2022, que puso especial énfasis en los programas en desarrollo para el acceso al trabajo, la vivienda y el acompañamiento terapéutico para las víctimas rescatadas del delito de trata de personas, y las acciones que desarrolla la coordinación del Comité de Lucha contra la trata en CABA, se acordaron algunas líneas y objetivos de trabajo en común para la mesa interinstitucional.

Entre los principales objetivos condensados se destacan: 1) Convocar regularmente a la mesa interinstitucional para balancear sus actividades; 2) Impulsar una capacitación continua de funcionarios y funcionarias; 3) Fortalecer el trabajo coordinado de los organismos inspectivos como AGC, Ministerio de Trabajo y AFIP; 3) Impulsar mayor cooperación entre las áreas de trata y ciberdelitos entre los Ministerios de Seguridad de Nación y Local; 4) Explorar alternativas legislativas para promover el acceso al trabajo para victimas rescatadas del delito de trata; 5) Impulsar el cumplimiento del Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda recientemente aprobado en el Consejo Nacional de la Vivienda; 6) Fortalecer el refugio especializado para víctimas; 7) Impulsar campañas de sensibilización; 8) Coordinar eficazmente programas de asistencia de Ciudad y Nación en beneficio de las víctimas; y 9) Convocar a otros organismos con competencia directa o indirecta en prevención, asistencia o persecución para que se sumen a la mesa.

Con la mesa interinstitucional de CABA ya son 22 los distritos de Argentina donde funcionan regularmente espacios de coordinación entre organismos locales y nacionales para articular más eficazmente y mejorar los estándares de intervención en materia de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional.