La Justicia Penal Juvenil tiene como fin lograr que el niño, la niña o el adolescente que haya cometido algún delito pueda insertarse en la sociedad y tener una función constructiva. Sin embargo, las respuestas que brindan el Decreto Ley 22.278 de la dictadura aún vigente y las prácticas tradicionales no enfocadas en la etapa de desarrollo de los adolescentes, principalmente la privación de la libertad, no permiten un abordaje interdisciplinario en clave de inserción social.

En esa línea, las medidas alternativas al proceso y a la pena aparecen como una necesidad para dar respuesta al problema.

Por tal motivo, y a través del programa de participación ciudadana Justicia 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, luego de un trabajo en taller con la activa participación de operadores de distintas provincias del país con trayectoria en el tema y expertos internacionales, elaboró el Protocolo en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos.

Esta iniciativa busca involucrar al adolescente y a la víctima y a la comunidad que sufrieron las consecuencias del delito y trabajar en la autocomposición de los daños ocasionados.

El subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, destacó que “es imprescindible que los diferentes actores judiciales y administrativos que trabajan con niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal cuenten con una sólida formación profesional. Deben integrar amplios saberes específicos en materia de respuestas restaurativas y no tradicionales con una visión multidisciplinaria en la que se propicie el diálogo con las partes involucradas en el conflicto.”

La asesora de la Subsecretaría, Deborah Dobniewski, señaló que “el Protocolo de Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos es una valiosa herramienta de trabajo, sensibilización y difusión".

La especialista agregó: "Establece estándares y modalidades de abordaje a ser utilizada por todos aquellos operadores del país que estén en contacto con adolescentes en conflicto con la Ley Penal”.

“La Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos humanos nos exigen prácticas restaurativas”, explicó Dobniewski.