El martes 11 de julio se dispusieron 38 allanamientos simultáneos en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires dispuestos por el juzgado Federal de San Luis a diferentes sedes de la organización REMAR -recuperación de marginados- que presuntamente asiste a personas en procesos de rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos, víctimas de violencia de género y en algunos casos acogen a víctimas de trata rescatadas de operativos judiciales.

Luego de una larga investigación llevada adelante por el fiscal Federal Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de PROTEX, operativizada por la Gendarmería Nacional, se detectaron fuertes indicios de que en dicha institución había situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales. Contando para ello también, con la colaboración de la Procelac a cargo de Laura Roteta y Diego Velazco.

Por tal motivo se dispusieron los 38 allanamientos en simultáneo para los que se sumó a GNA a áreas especializadas de Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Perdonas Damnificadas por el delito de trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas que dirige Gustavo Vera.

De los allanamientos y relevamientos que se realizaron durante toda la jornada se verificaron múltiples y diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de REMAR ya que se les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado, entre otras.

También los delegados y delegadas de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas que participaron en los diferentes operativos, informaron las siguientes conclusiones:
1. En aquellos domicilios donde se hallaron personas acogidas, se verificaron indicios indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, etc.
2. En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban.
3. En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
4. Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
5. Las principales actividades económicas de la organización que se pudieron conocer están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción, tareas domésticas.
6. En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad trasladados sin autorización de sus padres.
7. En todos los casos las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna.
8. En varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas.
9. En todos los casos manifestaron no recibir salario, ni retribución dineraria alguna por las tareas encomendadas.
10. En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales.
11. En algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social –Ley 25.855- . Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
12. En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron NO recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
13. En varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
14. Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual este Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.

En virtud de la todo lo descubierto durante el allanamiento, y como las instalaciones no eran precarias o con hacinamiento, y habida cuenta que había que contener y garantizar la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de los pacientes, por sugerencia del Comité y pedido expreso del fiscal federal y PROTEX, el juez federal Juan Esteban Maqueda dispuso la intervención de las sedes allanadas, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos y con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.

La resolución del magistrado señala: “Desígnense los veedores que describe el referido dictamen a los fines que los mismos pongan en conocimiento de éste Tribunal y del Ministerio Público Fiscal Instructor el estado de situación de los lugares, tanto de las víctimas como de eventuales responsables que puedan estar o no imputados en las actuaciones, e informar las medidas administrativas que se adopten o pudieran adoptar para el correcto funcionamiento de los lugares en consonancia con las normativas nacionales y provinciales vigentes; por tal motivo, se autorizan para actuar como veedores: a.) En la Provincia de Córdoba: Dr. Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba b.) En la provincia de Mendoza: Lic. Elizabeth Ofelia Liberal, directora de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza c.) En la Provincia de Santa Fe: Camila Bettanin, presidenta del Consejo Ejecutivo Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe d.) En ésta provincia de San Luis: Daniela Pollacchi, jefa del Programa de Gestión de Políticas en Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis y a Nivel Nacional: a la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, Dra. Mariana Moreno”

También, por disposición del magistrado interviniente, las víctimas que deseaban retirarse quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las que por diferentes motivos no podían retornar a sus hogares, bajo la supervisión de los veedores, mientras que siete ciudadanos imputados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados.