El Gobierno Nacional anunció hoy un conjunto de medidas para impulsar el ritmo de la obra pública y más transparencia en el sector a través de la creación de un fideicomiso para asegurar el inicio de los proyectos de participación público privada (PPP), así como modificaciones en los certificados de obra y mayores exigencias y normativa de integridad en el sector privado.

“Estamos comprometidos en mantener el trabajo y continuar con las obras de infraestructura, tanto en las rutas, como en los aeropuertos, ferrocarriles y el transporte público. Por eso creamos, en trabajo en equipo entre distintas áreas de Gobierno, los instrumentos necesarios para garantizar que las obras se hagan en los plazos establecidos” –Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.

De la conferencia de prensa participaron el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, junto con la Secretaria de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez, el Secretario de Proyectos de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda, José Morea, el Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y el Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías.

El nuevo fideicomiso de financiamiento fue creado en el marco de la ley 27.328 de Participación Público Privada. Este fideicomiso actúa de intermediario entre el sector financiero y las empresas constructoras para asegurar el comienzo de las obras en 6 corredores viales a través del sistema de PPP, cuyo inicio está previsto para fines de octubre y comienzos de noviembre.

El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año, de 1200 millones de dólares. El Banco Nación aportará en primera instancia entre 200 y 300 millones de dólares a este fideicomiso, al que luego se sumarán otras entidades.

Para la obra pública que se continúa desarrollando fuera del esquema de PPP, habrá cambios en los certificados de obras con el fin de facilitar facilitar el acceso al préstamo de las contratistas. El Banco Nación también aportará una suma del orden de los 30.000 millones de pesos para este tipo de operaciones.

Además, se implementará un nuevo marco ético y de integridad para la contratación de obra pública, exigiendo a las empresas nuevas exigencias de integridad para participar en el fideicomiso, elaboradas por los organismos de control competentes (Sindicatura General de la Naciòn (SIGEN), Oficina Anticorrupción (OA), Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y Unidad de Información Financiera (UIF).

Estas normas se suman a los avances que se vienen implementando para garantizar la transparencia en la obra pública como licitaciones transparentes y abiertas con información accesible y disponible en Internet.